Realizar análisis de estrategias, vinculación con los sectores económicos y dependencias de gobierno que impactan la prevención del delito, así como mantener informada a la ciudadanía, son las cuatro líneas de trabajo de la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Sofía Huett López.
Destacó que la misión más difícil del actual gobierno del estado es reducir el robo de combustible de la planta de Pemex en Salamanca, acto delictivo que arrastra más del 80% de los índices de homicidios dolosos en el corredor industrial guanajuatense.
En su paso por la Policía Federal estableció mesas de trabajo con sectores productivos, con quienes analizó los factores que afectan la actividad comercial y buscó soluciones en conjunto.
Trabajó estrategias de prevención del delito, “podemos tener un gran número de policías, pero nunca alcanzarán, serán insuficientes si no se atiende la prevención de forma seria”.
Su propuesta en Guanajuato es atender la seguridad ciudadana que abarca la atención de las causas del crimen y vincularla con la integración del trabajo de las corporaciones policiales y la lucha que hacen en la contención del delito.
“Son cuatro rubros; en análisis y estrategia se ven los números de los delitos; la otra línea es la relación con los sectores económicos empresariales, educativos y asociaciones civiles; atender los factores de la prevención de delito con la colaboración de dependencias como salud, educación, desarrollo social y trabajo; finalmente brindar la información a la sociedad, entre más informada demos a la ciudadanía, pueden participar más en la denuncia”.
HUACHICOL EL CÁNCER DE GTO.
Comentó que Guanajuato se encuentra en un punto estratégico para las bandas que se disputan el robo del combustible, pues más del 30% de los ductos de Petróleos Mexicanos pasan por las tierras del estado.
“Nos convierte en un punto atractivo para quienes realizan actividades ilícitas, el año pasado (2017) Pemex contabilizó 1,852 tomas clandestinas en todo el país y Guanajuato tiene el primer lugar (con más del 30%)”.
Enfatizó que el tema del robo de los hidrocarburos es muy rentable para la delincuencia porque no le implica una siembra de un narcótico o conocer sobre los procesos químicos para elaborar una droga sintética.
“Se convierte en un delito rentable por que la inversión es menor y el mercado es amplio, la realidad es que no existiría un mercado tan alto del robo del hidrocarburo si no existiera quien lo compre, el tema también compete a los ciudadanos (consumidores de lo robado)”.
PROBLEMA FEDERAL Y ESTATAL
Lamentó que el tema no corresponde al estado, pues no cuenta con poder de atacar directamente el delito que es de orden federal, “Por parte del estado se hace lo que más se puede para contribuir como coordinación y detenciones en flagrancia, pero corresponde a la federación resolverlo, tiene que ver con temas institucionales propios de Pemex”.
Recordó que el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador asumió que la corrupción del interior de Pemex promueve que se propague el delito.
“A nosotros como gobierno del estado nos queda claro que la seguridad no es un tema político, es atentar contra la ciudadanía al ponerle banderas, el gobernador anunció que sin importar el color del municipio, todos serán apoyados por el Fortaseg para profesionalizar, capacitar y poder hacer un mejor reclutamiento de policías municipales”.
PRISIÓN PREVENTIVA Y EXTISIÓN DE DOMINIO
Añadió que el estado y la federación trabajan en coordinación, pero lamentó que el 90% de las detenciones que hace el estado y pone a disposición de la autoridad federal, enfrentan su proceso en libertad por el robo de hidrocarburo debido a que la Ley es garantista.
La Ley desde el 2016 contempla la prisión para quien roba hidrocarburo, pero no es aún considerado un delito grave en la práctica, “La ley establece que de 2 litros a 10 litros es una multa de salarios mínimos, las penas más severas van desde los 2 hasta los 25 años y establece sanciones para quien extrae, transporta, almacena, comercializa y compra, es buena ley, pero hace falta hacerla cumplir”.
Por otra parte, el gobierno del estado espera que la aprobación de la ley de extinción de dominio por huachicol y corrupción, sea otra herramienta legal para atacar el robo del combustible pues se atacará directamente a quienes aporten sus propiedades para la práctica del huachicol.
“Esa casita que prestan los ciudadanos para el robo o almacenaje del hidrocarburo pueden perderla, es su patrimonio, la casa vale más que la ganancia que tiene por la actividad del huachicol, los ciudadanos deben ponderar” concluyó.
