La Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado de Guanajuato (AIAG), que preside Gabriel Ponce, impulsará la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional acerca de la reforma de la Ley Inmobiliaria.
Representantes de esta asociación destacaron que entre los ajustes que se presentan en esta iniciativa de reforma llama la atención la propuesta de cambio de nombre por Ley que Regula las Operaciones Inmobiliarias en el Estado de Guanajuato; la búsqueda de una colaboración más contundente por parte de las notarías para realizar una supervisión más exhaustiva en las operaciones y el fortalecimiento para la regulación de las personas morales dedicadas a la actividad inmobiliaria y de asociaciones inmobiliarias mediante la acreditación.
También apoyan la incorporación de atribuciones a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para mayor coordinación entre las dependencias públicas que permitan un mejor funcionamiento de la ley; el aumento del tipo de sanciones que promueven un mayor cuidado al patrimonio de las personas que inhiban posibles fraudes y la implementación de un sistema de denuncias para usuarios, agentes y agencias por parte del Poder Ejecutivo.
PAN
A nombre de la fracción del PAN, en el Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá presentó la iniciativa de reforma a la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios y la Ley del Notariado, luego de que se estima que cada año se pierden cerca de 600 millones de pesos por movimientos ilícitos dentro de este ejercicio de compra-venta inmobiliaria.
La diputada leonesa compartió que la esencia de la iniciativa es lograr una adecuada regulación de quienes se dedican a la actividad inmobiliaria además de proteger a los ciudadanos de fraudes inmobiliarios.
Reconoció la gran ayuda que representa el contar con un agente inmobiliario siempre y cuando éste sea una persona acreditada para asegurarnos de que cuenta con los conocimientos necesarios.
Compartió la cifra de que en el país existen más de 800 mil agentes inmobiliarios de los cuales únicamente el 15%, esto es, alrededor de 120, se encuentran agremiados a una asociación reconocida.
“Ante el crecimiento económico no podemos dejar atrás la dignidad de la persona y el bien común, garantizando siempre la protección del patrimonio de las personas y los adecuados procesos legales que deben seguirse, para que quien tenga una propiedad la tenga con todas las de la ley”, compartió Márquez Alcalá.
