El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dio a conocer su postura con respecto a la denuncia de una supuesta situación de indefensión en que los colectivos de buscadoras señalaron que quedó una de sus integrantes, al retirársele la protección por parte de la federación.
“Por mandato constitucional, los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como presupuestos fundamentales de la vida democrática”, señala el documento.
En el mismo se aclara que la mencionada buscadora dio a conocer que recibió amenazas graves y que tales hechos han sido condenados de manera enfática por los integrantes del consejo.
“Ante la contingencia, se activó de manera inmediata la atención por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como, la coordinación en vía de colaboración del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, toda vez que dicha persona es atendida previamente por esa instancia federal”, según lo escrito textualmente en el comunicado.
El texto aclara que la persona buscadora cuenta con un esquema de protección derivado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Enfatiza también que luego de los hechos denunciados, se fijó una ruta de atención que se conforma por elementos de las tres instancias mismas que se mantienen atentas para darle seguimiento en beneficio de la seguridad de la persona que se considera en vulnerabilidad ante las amenazas recibidas.
“El Consejo Estatal ratifica su compromiso al respeto y protección de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y hace votos para que los esfuerzos realizados entre Federación, Estado y municipios sean en beneficio de la ciudadanía”, concluye la misiva.
