
Compartió el político leonés que la ley actual data desde los años noventa además de que las últimas modificaciones significativas fueron en 2012.
“En la actualidad tenemos la necesidad de regular el acceso humano al agua potable; garantizar los justos mínimos que se recomiendan por persona por día. En esta Ley se tiene que plantear esquemas y mecanismos que garanticen este esquema que dé certeza al derecho humano al agua potable”, detalló.
Compartió que este derecho humano de acceso al agua si está planteado en la Constitución pero no se ha aterrizado como tal en una nueva Ley General de Aguas.
“Se requiere una nueva ley que también proporcione el marco hacia todos los estados para su regulación”, propuso.
Comentó que la aportación que desean hacer como grupo parlamentario es establecer lineamientos muy concretos de cómo tiene que ser el tema de concesiones para el tema de industria, para el de comercio, etc.
Subrayó que también se plantearán acciones muy concretas y muy firmes por parte de las autoridades.
Recalcó que el actual gobierno federal dejó de invertir en obras de infraestructura que permitieran atender esta problemática que ya se veía venir que se avecinaba como obras alternas, obras de mejoramiento de los sistemas de distribución, obras de ahorro, etc.
Dijo que esas decisiones fallidas provocaron las crisis hídricas como lo que le pasó a Monterrey y que está a punto de declararse en el Valle de México, en estos días.
“Por ello creo que este marco regulatorio va a incidir en regular esta materia ya que por parte del oficialismo, no se han presentado absolutamente ninguna iniciativa, y por ello queremos poner en la agenda estos temas que efectivamente preocupan a los mexicanos”, señaló.
Habló de que, por revanchismo político de López Obrador con Guanajuato, canceló una obra tan importante y tan fundamental como El Zapotillo para lo que ya existía un acuerdo con los gobernadores de los estados vecinos y que AMLO, “de buenas a primeras” lo canceló de la manera más absurda y arbitraria.
Compartió que con esta Ley se garantizará en la Constitución y en ley secundarias como priorizar y dar atención al derecho humano del agua, para evitar precisamente este tipo de decisiones como lo que está pasando Guanajuato.