Ante el arranque del proceso electoral, el contralor Leopoldo Jiménez Soto advirtió que se suspenderán, inhabilitarán, multarán y demandarán a los servidores públicos que usen recursos públicos en hacer proselitismo partidista a favor o en contra de algún candidato.
La contraloría mantendrá una estricta vigilancia sobre los servidores públicos, los que tienen cargo de elección popular y funcionarios, para que no utilicen recursos humanos, técnicos, materiales, financieros o tiempo de jornada laboral en hacer campañas o promoción partidista de candidatos, durante el proceso electoral que inició el 7 de septiembre y terminará el 6 de junio.
Destacó que incluye al presidente municipal Héctor López Santillana, a los síndicos y regidores, miembros del Ayuntamiento, a todos los integrantes de la Administración Municipal, dependencias municipales y paramunicipales.
Dijo el contralor que él también está incluido por haber sido electo para ocupar el cargo de contralor municipal, por lo tanto, está sujeto a que la ciudadanía, o algún miembro del Ayuntamiento o funcionario, lo denuncie en caso de que utilice recursos públicos en hacer proselitismo político partidista a favor de algún candidato.
Entre las sanciones que se aplicarán a quienes no respeten las disposiciones de la Ley Electoral, precisó que será la suspensión del cargo, la inhabilitación para no volver a ocupar un cargo público o de elección, además de la multa y la denuncia ante las autoridades correspondientes, enfatizó.
El objetivo que se busca es contribuir a que este proceso electoral se lleve de la forma más transparente, democrática y sana posible, indicó el contralor Leopoldo Jiménez Soto.
Se prohíbe el uso de cualquier tipo de recurso para beneficiar a un candidato o grupo político. Ya sea material, humano o económico. Esto aplica dentro y fuera del horario laboral, precisó.
El contralor abundó que tampoco se podrá mostrar apoyo a un candidato o grupo político a través de redes sociales durante este periodo, de igual forma durante el horario laboral.
De igual manera, no se podrá difundir propaganda gubernamental por cualquier medio durante el horario laboral, advirtió.
Los servidores públicos, no deben ni pueden negar o condicionar el trabajo y servicio que prestan a la ciudadanía.
Por ejemplo, no debe negarse por ningún motivo el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, especificó.
