El pasado martes 24 de la semana que concluyó, el senador de la República Fernando Torres Graciano, presentó ante el pleno del Senado, su iniciativa para expedir la Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública, con el fin de garantizar sus derechos y brindarles certeza jurídica.
En pocas palabras para mejorarle el sueldo y las prestaciones laborales, a que tienen derecho las y los policías de los 46 municipios del estado de Guanajuato.
“A la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces.
«Con esta iniciativa, buscamos defender sus derechos e impedir que las entidades policiales cometan actos ilegales, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado”, expresó en su oportunidad el Senador panista días previos a su intervención en tribuna.
No es para menos apuntar que le urge a los cuerpos policiacos, desde la perspectiva del senador leonés, una regulación efectiva, y que acabe de una buena vez con las desigualdades, para muestra basta un botón: en municipios pequeños un agente uniformado gana menos de 4 mil 700 pesos al mes, mientras que en los del corredor industrial rebasa los 14 mil mensuales. Pero no hay diferencia en cuanto a que todos arriesgan la vida por un puñado de pesos.
Por eso, justificó: «Es necesario establecer en un cuerpo normativo las prestaciones económicas y bases de seguridad social mínimas, que corresponden a dichos elementos por la función que desempeñan».
La propuesta que será ley
La iniciativa del senador Fernando Torres Graciano observa los siguientes puntos o propuestas:
*La relación de las instituciones de seguridad pública con los elementos policiales, será exclusivamente de carácter administrativo.
*La conclusión del servicio o término de la relación laboral o de servicio que prestan los elementos de seguridad pública, sólo podrá llevarse a cabo por causa justificada.
*Establecer medidas de protección, con el fin de que el elemento policial pueda disponer libremente de la remuneración que percibe por el servicio público que brinda.
*Prohibir cualquier tipo de discriminación.
*Delinear medidas de protección para el elemento policial, al actualizarse algún supuesto de violación de los derechos humanos
*Otorgar estímulos a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones.
*Establecer las licencias de maternidad y paternidad, así como medidas de protección para las mujeres embarazadas, que formen parte de los cuerpos de seguridad pública.
*Fijar las prestaciones que correspondan a los elementos policiales, a la conclusión de su servicio o trabajo, y también los derechos mínimos y las bases mínimas de seguridad social de los elementos policiales
*Acceso a créditos hipotecarios para la vivienda, o bien, el seguro de vida o de gastos médicos.
Al argumentar la propuesta, Torres Graciano fue claro en señalar que está dirigida a todos los integrantes de los cuerpos de seguridad pública: los miembros de los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de centros penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos.
“Y, en general, a todos los que presten sus servicios en dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal que obtengan el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, y llevan a cabo las funciones de investigación, prevención o reacción, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, expuso.
El siguiente paso es que el documento lo estudien las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, luego será dictaminada.
Quizá, así sea más difícil que los
elementos cambien de bando
El sábado 21 de Octubre, agentes de la Policía Federal capturaron en la comunidad de Valtierrilla, municipalidad de Salamanca a cuatro personas.
Les hallaron en posesión de una camioneta que tenía reporte de robo, además de llevar consigo un rifle de los conocidos como «cuerno de chivo» y llevaban consigo un dron, un artefacto volador cargado con materiales explosivos y dotados de un detonador, vía frecuencia telefónica.
Más que su captura, la nota fue el hallazgo del artefacto volador en manos de posibles delincuentes ¡ésa era la nota!: el dron; porque nunca en la historia de Guanajuato se había descubierto el uso de esta clase de aparatos con posibles intenciones de delinquir.
Tan fue noticia el arresto logrado por la Policía Federal destacamentada, en el estado, que medios nacionales e internacionales la retomaron.
Pero el asunto tuvo otra arista, no vista por todos pero que evidenció la urgentísima necesidad, de que haya leyes y reglas más claras para la policía a fin de evitar en lo posible que los agentes cambien de bando: entre los detenidos está el exelemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Christian Eduardo de 31 años de edad y vecino de Salvatierra.
Junto con él, la Policía Federal arrestó a Ángel de 31 años, Eduardo de 25 años y Marcos Francisco de 39.
Sólo que al expolicía, se supo después, porque antes lo habían detenido el pasado 10 de Julio por actos de deshonestidad al interior de la corporación donde servía, pero fue liberado poco después.
Quizá es por eso tan importante la ley que se propuso en el Senado.
