Omisiones de autoridades mantienen sin certeza jurídica al transporte urbano
El servicio de transporte urbano se mantiene en su etapa más complicada en la historia de la ciudad y ahora la omisión de las mismas autoridades municipales que no conceden títulos de concesión a los empresarios, mantiene el servicio al margen de la Ley.
Todas y cada una de las unidades con las que se presta el servicio carecen de una concesión y por lo mismo de un marco jurídico que permita a los transportistas invertir la suficiente para mejorar y cumplir con las exigencias de los usuarios.
“Yo siempre he dicho desde la administración pasada, que primero teníamos que darles una legalidad. No son concesionarios porque no les hemos dado legalmente las concesiones, tenemos años que no se les ha emitido”, dijo la regidora Liliana Preciado Zarate.
Explicó que el marco legal para prestar el servicio, se fundamente en el título de concesión y los cientos de unidades que trabajan no cuentan con el documento, por lo que tampoco haya garantía y seguridad jurídica.
La integrante del Ayuntamiento capitalino aclaró que la ilegalidad de transporte urbano ha llevado al deterioro en la prestación de transporte urbano y aunque hay responsabilidad de los empresarios, también la hay de las autoridades.
Señaló que por lo menos desde 2021 se debieron otorgar los referidos títulos, pero interpretaciones legales erróneas han llevado a que no se puedan adquirir nuevas unidades y eso ha traído el peor momento que vive el transporte público en la ciudad.
La funcionaria aclaró que los concesionarios, aunque tienen la intención de adquirir nuevos camiones, no pueden hacerlo porque al acudir a adquirir alguno, un requisito es la concesión y ellos no la tienen.
De esta manera, el transporte urbano en la ciudad tiene al menos una década que se presta sin sustento jurídico, lo que se ha traducido en el mal servicio y donde la responsabilidad de autoridades municipales y transportistas es compartida.
“Hemos sido omisos los Ayuntamientos en darle la legalidad a nuestros concesionarios y como queremos mejor calidad del servicio si también ellos se han basado, no me dan la legalidad, no le voy a invertir y es un juego”, afirmó.
La representante de Movimiento Ciudadano lamentó que, en medio de estas omisiones, queden los miles de usuarios, quienes cumplen con el pago de una tarifa, que por ahora no responde a sus necesidades de movilidad.
Por ahora, el proceso de otorgamiento de concesiones se encuentra suspendido, luego que el procedimiento que inició el pasado mes de diciembre del año pasado, fue impugnado por la empresa Avalos, que recurrió al amparo de la justicia federal.
