El pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma integral a la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, para fortalecer la protección y los derechos humanos de los menores de edad y que tengan una vida libre de violencia y a su integridad personal.
Las reformas aprobadas forman parte de un paquete de 20 iniciativas de Ley fueron analizadas y discutidas al interior de la Comisión de Derechos Humanos y destaca el hecho que se reconoce a este sector de la población, como sujeto de Derecho.
Se define a la primera infancia como el periodo de edad que comprende el desarrollo prenatal hasta los 5 años y 11 meses de edad, por lo que para su atención y desarrollo integral, autoridades estatales y municipales establecerán políticas públicas en la materia.
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) deberá establecer mecanismos para que autoridades escolares educativas y particulares notifiquen situaciones de abandono o deserción escolar a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Mientras que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) deberá implementar campañas de información en materia de educación sexual y prevención del embarazo infantil y adolescente, y atender problemas de salud mental de los menores de edad.
A la Secretaría del Migrante y enlace Internacional se le reconoce como autoridad para la aplicación de la norma, en este rubro y brindará atención y protección que privilegie la seguridad de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito y deportados que se encuentren en territorio guanajuatense.
A los 46 Ayuntamientos del Estado se les instruye para que construyan las Comisiones de Primera Infancia, en el Sistema Municipal de Protección.
Se establece como una responsabilidad de la Procuraduría de Proyección de Niñas, Niños y Adolescentes dar seguimiento a la situación de los menores, una vez que hayan concluido los procesos de adopción.
Autoridades estatales, municipales y organismo autónomos deberán tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de descuido, negligencia, abuso físico, psicológico y sexual o cualquier otro tipo de explotación.
