TERCERA PARTE
Personal de salud entre el estigma y la incertidumbre
Jocelyn Rivera, médica cirujana por la Universidad de Guanajuato, con maestría en psicoterapia psicoanalítica y sexóloga clínica, entiende el impacto que la criminalización del aborto puede tener en las y los profesionales de la salud, pues limita su libre ejercicio. No solo se penaliza a quien aborta, sino también al médico o médica que acompaña el proceso.
Esto provoca miedo y estigma incluso dentro del propio gremio.
«Nos enfrentamos al estigma y al escarnio social, pero también al interno por quienes dicen no estar de acuerdo, además, existe el riesgo de ir a prisión por hacer tu trabajo. Es un tema muy complejo», compartió.
El hecho de que en el estado de Guanajuato aún no se despenalice el aborto y que no exista claridad jurídica, aun cuando ya no sea vinculante a una condena, genera dijo una sensación de estar atados y atadas de manos.
La especialista forma parte de la Red Salvemos Miles de Vidas, una red de profesionales de la salud preocupadas y ocupadas en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La red considera que salvar una vida implica salvar a la persona gestante, a la mujer o persona con posibilidad de gestar, y garantizar que el aborto sea visto como un servicio esencial de salud, no como algo que deba regularse desde un Código Penal para asegurar el acceso universal al derecho humano a la salud.
Criticó que el aborto sea el único servicio de salud que forma parte de un Código Penal, y cuestionó cómo es posible que este tipo de decisiones estén en manos de personas que no pertenecen al ámbito médico.
«Yo pongo un ejemplo siempre: si los legisladores enferman de COVID, van a ir con un médico, no van a ir con otro legislador que les diga qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, ¿de qué manera afecta? Pues afecta al acceso, porque no pensamos en todas las circunstancias», expresó.
Circunstancias como el hecho de que muchas mujeres no puedan trasladarse a la Ciudad de México o a estados donde ya está despenalizado, o aquellas que no tienen acceso a redes sociales para buscar acompañamiento.
«La criminalización afecta, impacta a nivel de vida. Estamos perdiendo vidas, y no solamente hablo de un cuerpo que deja de latir o de respirar. La vida se compone de muchísimas cosas, la estabilidad emocional, la calidad de vida. Entonces, la criminalización obstaculiza el acceso al derecho universal a la salud», dijo.
Lo grave, agregó Jocelyn Rivera, es que, aunque ya no sea vinculante a una sentencia, el aborto aún forma parte del Código Penal. Por ello, las mujeres en Guanajuato todavía enfrentan la posibilidad de que, ante una atención médica, se dé aviso al Ministerio Público y, aunque no proceda una condena, se abra una carpeta de investigación.
En ese contexto, aclaró que son falsos los argumentos que señalan que abortar es peligroso, pues el aborto con medicamentos es uno de los procedimientos obstétricos más seguros.
«Quien decide parir merece una atención digna y amorosa, igual que alguien que decide abortar».
Rivera señaló que existen palabras que suelen utilizarse para confundir y que pueden resultar peligrosas, una de ellas es clandestinidad.
«Quiero redimir y resignificar la palabra clandestinidad, porque clandestinidad no necesariamente es peligroso, y la clandestinidad también ha sido lo que durante mucho tiempo nos ha acompañado a las mujeres y a las personas con posibilidad de gestar».
Actualmente, explicó, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuentan con protocolos y evidencia científica que respaldan la seguridad del aborto con medicamentos, incluso en casa bajo la orientación adecuada.
Tras el ultimátum emitido por la Suprema Corte al Congreso del Estado de Guanajuato, Rivera consideró que su cumplimiento significaría saber que efectivamente se están salvando miles de vidas.
«Eso aseguraría que cualquier persona, niña, mujer o adolescente pueda tener acceso a un servicio de salud sin ser juzgada, que se garantice que cada quien pueda decidir sobre su vida», dijo.
Añadió que no debería ser necesario pedir permiso para ejercer un derecho, y que en eso se pierdan vidas por lo que de por fin despenalizarse el aborto pueda darle oportunidad de ejercer su trabajo de forma libre y sin ser perseguida.
Acompañar en un contexto de criminalización
La Red de Acompañantes de León surgió en 2014, luego de que Naye Tello y Edith Méndez se conocieran en un taller sobre aborto en casa. En ese momento, Edith buscaba materiales para realizar su tesis sobre el aborto en Guanajuato.
A partir de este encuentro, la red comenzó a articularse entre amigas y conocidas. María Alcántara Loredo, integrante de la red, explicó que, aunque fue fundada e impulsada por ellas, con el tiempo se fueron integrando y capacitando a más mujeres, enseñándoles a acompañar abortos en casa y a generar redes de apoyo entre acompañantes.
A través de su red social de Facebook canalizan la mayoría de los casos de mujeres que deciden interrumpir su embarazo. El primer contacto consiste en preguntas para confirmar el embarazo y, posteriormente, solicitan un número de WhatsApp para que una acompañante establezca contacto directo.
Cuando las contacta una acompañante tiene que hacer una serie de preguntas que constituyen un pequeño historial médico y es básicamente para saber si son candidatas o no para un aborto con medicamento, explicó Alcántara Loredo.
Este acompañamiento cuenta con protocolos para medir riesgos previos y asegurar que el procedimiento sea seguro y exitoso, sin poner en riesgo a la usuaria.
Sabemos que muchas compañeras no están abortando en un centro de salud público o privado y, además, lo hacen en un estado donde se criminaliza a las mujeres por abortar. Entonces, queremos que bajo ningún motivo tengan que llegar al hospital, señaló.
Principalmente son mujeres entre los 20 y 30 años quienes solicitan acompañamiento, aunque también han acompañado casos de mujeres entre los 35 y 40 años, muchas de ellas ya madres.
Entre los motivos más frecuentes, explicó la activista, se encuentran situaciones de violencia o precariedad económica.
Yo necesito que él crea que esto fue un aborto espontáneo, es una frase que escuchan con frecuencia, pues algunas mujeres buscan justificar la interrupción ante sus familias o parejas para evitar conflictos o violencia.
Aunque el miedo está presente, María Alcántara explicó que más allá del ámbito religioso o moral, el principal problema suele ser la falta de información o la desinformación. Aun así, las mujeres toman la decisión.
María coincide con Jocelyn Rivera, médica cirujana, al señalar que la Organización Mundial de la Salud establece que el aborto con medicamentos es un método seguro y eficaz; de acuerdo con la OMS, alrededor del 99 por ciento de los abortos con medicamento son exitosos y menos del uno por ciento presenta complicaciones.
Realizar este acompañamiento en un estado donde predomina la religión católica y donde el aborto aún no está despenalizado ha generado odio, amenazas e incluso señalamientos de muerte. Debido a estas agresiones, la red mantiene bloqueadas a más de 500 personas en redes sociales, muchos de los perfiles pertenecientes a personas que profesan la religión católica.
A pesar de este linchamiento mediático y del miedo, algunas familias de las acompañantes desconocen su trabajo y activismo, ante el temor de que puedan enfrentar consecuencias laborales o personales, lo que añade una capa adicional de ansiedad y estrés.
Mientras el debate continúa en el Congreso y en las instituciones religiosas, en la vida cotidiana las mujeres aún enfrentan las consecuencias de la criminalización: el miedo a ser investigadas, señaladas o perseguidas por tomar una decisión sobre sus cuerpos y el rumbo de sus vidas. Las 107 carpetas de investigación abiertas en los últimos años no son solo cifras, representan historias, contextos y realidades distintas.
En medio de esta discusión, las redes de acompañantes continúan su labor, ahora no en silencio, sino desde la información, la comprensión y el acompañamiento, de la mano de médicas que, pese al señalamiento social y la incertidumbre jurídica, mantienen redes de apoyo para quienes lo necesitan.
Lo que sí es un hecho es que el tiempo ya comenzó a correr y, en menos de 90 días, el Congreso del Estado deberá enfrentar una decisión que también atañe a la sociedad, a las instituciones de salud y a los grupos religiosos.
Porque mientras aún se debate si el aborto es moralmente correcto o incorrecto, afuera las mujeres continúan enfrentando embarazos no deseados, violencia sexual, precariedad económica y el miedo latente de ser perseguidas. Algunas buscan acompañamiento y orientación en redes, otras viajan a estados donde el aborto ya fue despenalizado.
En Guanajuato, la discusión sigue abierta, pero la realidad como coinciden todas las voces del reportaje ya ocurre todos los días. Mientras el Congreso delibera, las mujeres siguen tomando decisiones en escenarios de incertidumbre. Porque, aunque la ley pueda tardar la realidad no.
