En la entidad y León cada vez hay más empresas que apoyan a trabajadores con el pago de transporte urbano como una prestación laboral deducible de impuestos, afirmó el dirigente de la CROC en Guanajuato, Antonio Hernández Navarro.
Los trabajadores demandan que el gobierno municipal obligue a los transportistas a mejorar el servicio a los usuarios, desde el momento en que entró en vigor el incremento de tarifas, para que no crezca la inconformidad latente, indicó.
El ajuste tarifario de 11 a 12 pesos el pago en efectivo y de 9.50 a 11 pesos con la tarjeta pagobús y de 4.20 a 5.20 preferencial atenta contra la economía de los trabajadores y de sus familias, que perciben en promedio 2.5 salarios mínimos y más a los que ganan sólo 1 salario mínimo, dijo el líder de la CROC.
“Las mujeres empresarias son sensibles a la necesidad de reforzar la economía de los trabajadores con un aumento a los salarios para compensar el alza a las tarifas de transporte urbano, representaría un estímulo para incrementar la productividad de las empresas”, manifestó.
El descontento de los usuarios por el aumento a las tarifas y los problemas que se derivan del mal servicio del transporte urbano, se evitaría si antes se obligara a los transportistas a prestar un servicio eficiente, oportuno y seguro, indicó el dirigente estatal de la CROC.
En los contratos colectivos de trabajo, las empresas otorgan la prestación laboral de apoyo para el pago de transporte urbano, sin embargo, muchas otras empresas sin necesidad de que se le solicite lo aportan porque saben que tienen contentos a los trabajadores y trabajadoras y le echan ganas para incrementar la productividad, se “ponen la camiseta de la empresa”, aseguró.
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