Jorge Espadas, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, señaló que en el tema de la auditoría a la Feria de León 2025 y anteriores, el informe y el final de la auditoría ya está presentado en el Congreso aunque actualmente se discute en la Comisión de Hacienda.
“En unas dos o tres semanas, máximo cuatro, los resultados estarán siendo aprobados por el pleno del Congreso del Estado para que se hagan públicos”, especificó.
Dijo que hasta el momento no hay observaciones graves en cuanto a los mecanismos que se han dado en el gobierno de la administración del PAN en León aunque si hay observaciones positivas y algunas recomendaciones.
“Sin duda alguna, todos los temas que tienen que ver con el ejercicio del gasto público son auditables; la propia fracción azul del cabildo de León está ocupada en que las cuentas sean claras. Estos recursos que maneja el patronato (de la Feria), sin duda alguna, van a ser revisados en la siguiente auditoría en la revisión de la junta pública”, aseguró.
Aseguró que no debe caber la duda de que se verificará que todo el proceso haya sido legal “y en caso de que algún proceso esté mal, yo estoy seguro que quien primero levantarán la mano para reclamar y buscar que se finquen responsabilidades, en todos los municipios, serán los propios regidores, las regidoras, las alcaldesas y los alcaldes del PAN.
“Seremos muy cuidadosos, como lo hemos venido siendo, de que el gasto público se ejerza conforme a la ley”, enfatizó.
Enfatizó que una auditoría verifica la legalidad y que no se puede auditar con criterios morales porque la moral es subjetiva.
“Pero la auditoría es de derecho público, se audita con criterios legales y contables y normas de contabilidad generalmente aceptadas. Estos son criterios muy objetivos.
Yo no le puedo pedir a la auditoría que trabaje bajo criterios morales, porque va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué está bien y hasta dónde está bien”, reconoció.
Aseguró que a todas las autoridades, funcionarios públicos y encargados de patronatos, se les pide que ejerzan los presupuestos con responsabilidad y con apego a la ley y que se destinen los recursos para beneficio de los ciudadanos.
