Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutara un operativo de rescate de cerca de 700 personas, en el rancho «El Ramillete», de la ciudad de Dolores Hidalgo, el alcalde de la ciudad patrimonio, Adrián Hernández Alejandri, compartió que este caso refleja una problemática mucho más amplio en la regulación de la agroindustria local.
“Hoy son 700, pero conforme esto vaya creciendo, tenemos que vigilar lo que se presente. No era viable ni saludable tener a tanta gente en ese estado”, compartió Hernández Alejandri.
El edil compartió que existían antecedentes de intervención municipal y estatal en el lugar y que, desde administraciones pasadas, se habían realizado jornadas de salud y revisiones de Protección Civil en el rancho, además de que su gobierno ha tenido reuniones con autoridades estatales para atender a las familias afectadas, incluyendo menores de edad y bebés.
“El sábado, tuvimos una reunión con dependencias estatales, desde la Secretaría de Salud hasta Educación y Migración, para acordar acciones. Ahorita vamos a ir personalmente al Ramillete para avanzar en los compromisos que acordamos”, comentó.
Dijo que la evaluación de las condiciones en las que laboraban y vivían los trabajadores agrícolas de Agroverdi, corresponde a la Fiscalía, aunque la empresa sostiene que los trabajadores estaban ahí por voluntad propia y en condiciones adecuadas.
“Nosotros no tenemos comunicación directa con la empresa. Son puntuales en sus pagos e impuestos, pero nuestro interés es que toda la agroindustria esté bien reglamentada y cumpla con condiciones de higiene y vivienda para la gente que trabaja en el municipio”, manifestó Adrián Hernández.
Compartió que es necesario que la Federación, a través del IMSS y otras dependencias, refuerce la vigilancia en el sector agrícola, especialmente ante el creciente número de trabajadores temporales que llegan de otros estados.
“Yo tengo una empresa con 400 empleados y el Seguro Social me revisa cada seis meses. No sé qué pasa con la supervisión federal en estos casos, pero es importante que intervengan”, ejemplificó.
Señaló que las personas rescatadas siguen en el mismo lugar que les habían asignado en la empresa en cuestión, sólo que ahora están bajo observación y en espera de las acciones coordinadas entre autoridades estatales y municipales.
“Nos corresponde garantizar que estas familias tengan acceso a servicios básicos y acompañamiento, mientras se aclara lo sucedido”, aseveró.
Reconoció que existen otros puntos de atención en el municipio y mencionó a la zona conocida como Jamaica, donde también se revisan posibles condiciones de riesgo, aunque aclaró que no se encuentran en un estado tan crítico como el caso del Ramillete.
La Fiscalía General del Estado confirmó que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por posibles delitos de trata de personas y explotación laboral.
