Hace algunos años Andrés Manuel López Obrador mandó al diablo las instituciones; su discurso incendiario causó desde luego indignación generalizada porque estas organizaciones son fundamentales para nuestro Estado democrático, el que elegimos los mexicanos como forma de gobierno.
En Guanajuato el PAN mandó nuestras instituciones al diablo. No lo hizo con un discurso tronante como el de López Obrador, fue peor: las secuestró, las desvirtuó, y ahora las utiliza para fines nada democráticos, son instrumentos políticos mediante los cuales busca mantenerse en el poder.
Al PAN Gobierno no le importa si los guanajuatenses mueren por complicaciones derivadas del virus del dengue, como consecuencia de una epidemia que no pudieron o quisieron controlar; la institución que debía atender este problema está corrompida, sometida a los intereses de las familias en el poder.
La delincuencia se apodera de las pequeñas y grandes ciudades, no hace distingos, y la respuesta oficial es invitar a la ciudadanía a autocensurarse; ingenuamente piensan que los guanajuatenses cerrarán los ojos ante una realidad que les afecta un día sí y otro también. Nos han robado la tranquilidad, y las instituciones encargadas de brindarnos seguridad y procurar justicia se han convertido ahora en una policía política, de esas que existen en regímenes autoritarios, en dictaduras.
Esas no son las instituciones que queremos para un Guanajuato democrático.
No queremos a diputados del PAN, locales y federales, fungiendo como voceros de la Procuraduría de Justicia, utilizando información filtrada desde la propia Fiscalía que debía ser apartidista, institucional. El PAN Gobierno, autoritario como es, decide quiénes deben ser perseguidos y quiénes pueden vivir con la tranquilidad de que no serán sujetos a investigación. Indagatorias serias, no las bufonadas de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o de la propia Procuraduría.
El derroche de Cereal y Pastas Finas sigue impune. Lejos de sanciones, sus principales ejecutores han sido sistemáticamente premiados. Ahí tenemos, por ejemplo, a Héctor López Santillana, el creador de esa empresa fantasma, esa sí fantasma, intentando administrar León.
También está Carlos Zamarripa, quien en su afán de convertirse en el fiscal carnal del gobernador Miguel Márquez cumple todos sus caprichos, sin importar que tuerza y pisotee la Ley que juró respetar. Hay muchos asesinos, asaltantes, violadores que actúan impunemente mientras el procurador se quema las pestañas para fabricar un expediente que le permita obtener su tan anhelado cargo.
Estos panistas, porque seguro no todos son iguales a ellos, decidieron mandar nuestras instituciones al diablo. No se los vamos a permitir.
¡Nos leemos la próxima semana!
