El sistema guanajuatense de justicia de oralidad o adversarial en materia penal enfrenta, a dos años y once meses meses de operación, problemas de sobrecarga de trabajo que afecta a ciudadanos y abogados litigantes.
Esto con una suerte de rezago por posposición de audiencias, y a personal judicial por sobrecarga de trabajo, según la apreciación de abogados leoneses, en torno al funcionamiento del Juzgado Regional número 4, en León.
Entre otros abogados litigantes, el presidente del Colegio de Abogados de León, A.C. Jorge Marcelino Trejo Ortiz, y el abogado litigante Jorge Estrada Álvarez, hablan sobre ese tema y señalan que efectivamente el Poder Judicial está enfrentando sobrecarga de trabajo porque el funcionamiento del nuevo sistema de justicia no parecer estar cumpliendo con algunas de sus expectativas.
Cada vez más audiencias que no están sujetas a términos legales o plazos perentorios, son programadas y luego reprogramadas con el consiguiente retraso para su desahogo, porque hay audiencias que deben ser desahogadas en lo inmediato.
Audiencias como la del control judicial, en las que el Ministerio Público presenta a personas detenidas y en las que queda sujeto el juez de control al término de 72 horas para resolver; audiencias de imputación contra personas detenidas con orden de aprehensión, en las que opera el mismo término constitucional para el juez, así como otras, consideradas de urgente realización, como son las solicitudes de órdenes de aprehensión y órdenes de cateo, reciben preferencia para su desahogo.
Pero eso obliga a que otras audiencias procesales que ya estaban en la agenda judicial, sean reprogramadas; que sean pospuestas para otras fechas, y alargan así el tiempo para la resolución de causas penales.
POCO PERSONAL, MUCHO TRABAJO
El abogado Trejo Ortiz aportó datos concretos que a su juicio, explican parte de la problemática que enfrenta el sistema judicial estatal, al que considera saturado por la carga de trabajo.
Refirió el Juzgado que funciona en el municipio de Guanajuato, un municipio con 200 mil habitantes y el cual tiene un Juzgado de Oralidad con cuatro jueces asignados y tres salas.
Lo comparó con Juzgado Regional número 4, en León, dotado actualmente de 8 salas de oralidad para que desahoguen los procesos penales un total de 11 jueces, en una población de casi dos millones de habitantes.
MUCHOS DELITOS, POCOS JUECES
Para el abogado litigante leonés, Jorge Estrada Álvarez, hay varias razones que explican los problemas del poder judicial en el sistema de oralidad y hacen urgente que se tomen medidas para resolverlos.
Por una parte destaca el crecimiento enorme de la incidencia delictiva. Eso genera un crecimiento enorme también en la cantidad de investigaciones ministeriales del fuero común cuyo destino inmediato es la judicialización y, como consecuencia, se genera la actual sobrecarga de trabajo en el sistema judicial de oralidad.
Señaló que el incremento en la cantidad de delitos que se cometen, afecta también a la Fiscalía General del Estado, que ha de investigar los delitos e integrar las carpetas de investigación que luego lleva ante los jueces penales.
NO TODO HA FUNCIONADO
Abogados litigantes han señalado otros problemas que a su juicio han provocado la situación actual de este sistema judicial: se preveía que la mayoría de los casos que conociera el Ministerio Público se arreglarían mediante la conciliación en los llamados delitos no graves, donde los convenios entre las parte, pueden resolver con prontitud y economía las controversias, evitando así que saturaran el Juzgado de Oralidad.
Otros muchos, según esas expectativas, otros muchos casos ya judicializados, serían resueltos salidas alternas, en procedimientos abreviados que contempla la ley procesal penal, pero los resultados no han cumplido tales expectativas y los procesos penales se incrementaron hasta casi duplicarse en numero en 2018 respecto de 2017.
Consideraron como una de las causas, que el Ministerio Público no tienen personal personal eficaz en esas tareas, y que debe ser más capacitado en ese sentido.
Destacaron que el Poder Judicial mantiene programas de capacitación constante de sus jueves, pero el volumen del trabajo los está agobiando ahora, y tal como viene pegando el sistema en procuración e impartión de justicia, los problemas se agravarán.
ALGUNAS CIFRAS
Sistema de Justicia Adversarial comenzó a funcionar por regiones, en Guanajuato, a partir del 2012.
En León entró en vigor a partir del primero de junio del 2016, y los primeros siete meses de su funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de ese año, en sus salas de oralidad fueron desahogadas un total de 894 audiencias de toda clase, dentro del proceso penal.
Para el año 2017, con cinco meses más de trabajo, los jueces del Juzgado Regional de León desahogaron un total de 4 mil 572 audiencias. una cifra que ya entonces motivaba que algunos funcionarios arquearan las cejas por le aumento en la carga de trabajo.
Pero para 2018, esa cifra casi se duplicó: Los 11 jueces que refieren los abogados para este juzgado, enfrentaron una agenda de 8 mil 584 audiencias. Algunas fueron pospuestas (no se sabe cuantas) pero el motivo fue que se desahogaran otras urgentes.
Sólo en el 2018, la relación entre el número de audiencias agendadas, el de jueces que operan el sistema de justicia de oralidad penal en León, y el número de salas disponible, implicaba que cada juez en esta jurisdicción hubo de desahogar un promedio de 780.36 audiencias en 12 meses y; cada sala de oralidad fue empleada para el desahogo de un promedio de mil 73 audiencias.
AUMENTO ACELERADO
El primer cuatrimestre de este 2019, suma ya 3 mil 771 audiencias en su agenda, que han sido programadas; desahogadas muchas y pospuestas otras.
Eso significó un promedio de 942.75 audiencias agendadas en cada uno de los cuatro meses transcurridos de este año. Significa casi el doble respecto del primer cuatrimestre del 2018 cuando fueron agendadas en promedio 545.25 audiencias por mes.
Pero además, el promedio de este 2019, representa poco más del 350 por ciento de incremento respecto del primer cuatrimestre del 2017, cuando fueron programadas mil 65 audiencias, con un promedio mensual de 266.
URGEN MEDIDAS
Los litigantes coinciden en que existe saturación en el sistema de justicia de oralidad, pero descartan un colapso del mismo.
En cambio señalan que es imperativo que el Poder Judicial tome medidas, que aumente su plantilla de jueces penales y rediseñe o modifique el sistema de operación para resolver esos problemas, que tienden a agravarse.
Ya en septiembre del año pasado, abogados litigantes hicieron un planteamiento al Poder Judicial del Estado en ese sentido, pero a la fecha no hay una respuesta ni medidas concretas.
