La muerte de Jonathan Osiel, adolescente de 14 años que falleció en un centro de rehabilitación en León, fue responsabilidad directa de las autoridades, aseguró Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. El menor había sido canalizado por la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA) tras ser detenido por la Policía Municipal, sin notificar a su familia.
Pérez García criticó duramente a la titular de la PAPNNA por mentir sobre su responsabilidad institucional, criminalizar a la madre del menor y revictimizar al adolescente fallecido. Afirmó que, de acuerdo con la NOM-028-SSA2-2009, está prohibido internar a menores de 16 años en anexos no certificados, sin espacios adecuados ni consentimiento familiar, lo cual no se cumplió en el caso de Jonathan.
Además, señaló que no puede aceptarse la versión oficial de suicidio sin una investigación exhaustiva, ya que se trataría de encubrir una posible cadena de omisiones e irregularidades. «La autoridad está obligada a investigarlo como homicidio. Ya se perdió la cadena de custodia, y eso garantiza la impunidad», recalcó el defensor de derechos.
Finalmente, denunció al sistema nacional del DIF por permitir que se sigan utilizando anexos como forma de castigo para menores, lo cual consideró ilegal y contrario a los principios de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
