El regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, acusó al gobierno del estado y al PAN estatal de utilizar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato como un instrumento de “vulgar chantaje político” al solicitar el desafuero de la diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez.
Con la acusación a una diputada federal del PRI quieren hacerle el favor a su corrupto dirigente nacional, Ricardo Anaya, y que el PRI detenga en la Cámara de Diputados la instalación de una Comisión que investigue su enriquecimiento ilícito. Ese es el fondo del asunto, reveló quien fuera integrante de la pasada administración municipal y cercano colaborador de la legisladora.
El integrante del Ayuntamiento, explicó que con este uso político de la Procuraduría, Carlos Zamarripa Aguirre dio la razón a los organismos de la sociedad civil y partidos de oposición se oponen a que se convierta en el “fiscal carnal” de Guanajuato los siguientes nueve años. Se prestó al juego sucio del PAN, al montar un “teatro” y acusarla de peculado, hecho que no encuadra en la responsabilidad que tuvo la ex alcaldesa de León.
