Al menos 30 quejas han sido presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de la empresa de autofinanciamiento Grupo Alvex.
Según Profeco, las principales causas de reclamación son la negativa a rescindir el contrato, la negativa a realizar cambios, devoluciones o bonificaciones, y todos los expedientes permanecen en proceso conciliatorio.
Uno de los afectados es Julio César, quien presentó su queja el pasado 31 de junio, luego de acudir a las oficinas de la empresa para conocer el avance del financiamiento de su vehículo y encontrar las instalaciones prácticamente vacías.
Ante esa situación, temió haber sido víctima de un fraude y decidió acudir a Profeco para denunciar el caso. Sin embargo, ese mismo día recibió una llamada de uno de los asesores de la empresa, quien le aseguró que en un plazo de 7 días le entregarían el coche.
No obstante, al llegar la fecha pactada para la entrega del automóvil, comenzaron los cambios en las condiciones del acuerdo.
Explicó que primero la empresa les pidió pagar cuatro mensualidades por adelantado, aun sin haber recibido el vehículo. Posteriormente, el requisito aumentó a seis mensualidades anticipadas.
El afectado aseguró que, al acudir a Profeco, le informaron que existen más personas en una situación similar y que la dependencia mantiene abierta una investigación.
«Nos dijeron que ya no diéramos ni un peso más porque están investigando. Nos explicaron que hay varios casos como el nuestro y que quieren determinar quién es el responsable», comentó.
A través de redes sociales, su hijo logró contactar a otros clientes que también denunciaron presuntas irregularidades con Grupo Alvex.
Julio César considera que la empresa aprovecha la ilusión de las personas por adquirir un automóvil para modificar las condiciones inicialmente ofrecidas.
Al intentar cancelar el contrato, la empresa le impuso diversas condiciones para poder rescindirlo. Finalmente, le informaron que únicamente le devolverían 20 mil pesos de los 30 mil pesos que entregó como enganche. Al preguntar por qué la empresa se quedaría con los 10 mil pesos restantes, aseguró que le respondieron que ese monto correspondía al costo de los trámites.
