El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, IPLANEG, y cuyo Consejo Directivo encabeza el académico del CIDE, Eduardo Sojo Garza Aldape, entregará a principios del 2018, posiblemente terminen el ejercicio de planeación este mismo año, el Plan GTO2040.
Este documento, que tendrá que ser validado por el Observatorio Guanajuato, incluirá como contenido las principales recomendaciones de política pública y los proyectos de infraestructura más importantes que deberán realizarse para mantener el desarrollo económico y social de la entidad.
En septiembre arrancaron las mesas de análisis estratégico a partir del diagnóstico sobre la realidad que vive el estado a fin de construir los escenarios que permitan enfrentar los desafíos del estado para las siguientes dos décadas.
Un elemento importante para subrayar es que será entregado a todos los candidatos a puestos de elección popular a fin de que sus propuestas electorales se ajusten a la atención a las necesidades que identificó la sociedad civil y el actual gobierno para dar continuidad a las políticas públicas, independientemente del partido que gane la elección en 2018.
El plan estatal de desarrollo denominado Plan GTO2040 contempla un ejercicio de participación social para construir los objetivos, estrategias y proyectos para el desarrollo de Guanajuato con una visión de largo plazo y que mandata la Ley de Planeación del estado definir en el último año de gobierno de la administración en turno.
Sus principales características son que contiene la visión del desarrollo construida por la sociedad, las estrategias de política pública para los siguientes 25 años y la base para la continuidad de programas y proyectos que den sustento a un mejor desempeño de indicadores que atiendan las necesidades en materia de salud, educación, empleo, ingreso, seguridad, infraestructura, movilidad, entre otros rubros prioritarios.
El IPLANEG considera para la elaboración del plan, la participación de integrantes de diversos grupos sociales; de representantes de cámaras, colegios y asociaciones gremiales; universidades, tecnológicos, institutos de investigación entre otros expertos así como las aportaciones de los representantes de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) junto con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esto se realiza a través de talleres regionales, consulta en línea, entrevistas y mesas de análisis estratégico.
Hay cinco etapas para la actualización del plan como son el análisis documental y estadístico; consulta social; análisis estratégico de expertos; construcción de escenarios e integración de documentos. En diciembre de este año se concluiría el ejercicio para ser presentado a la sociedad en principios de 2018.
Hay dos aspectos relevantes en la elaboración del plan y que deben ser tomadas en consideración por el Presidente del IPLANEG, la primera tiene que ver con hacer un corte de caja real sobre los principales avances del Guanajuato Siglo XXI y reconocer aquello que no se cumplió para partir de un diagnóstico real (pobreza, inseguridad, bajo ingreso, etc.) y no del de color de rosa del gobierno; el segundo, elaborar una serie de indicadores que permitan a los ciudadanos evaluar el cumplimiento del nuevo plan en el tiempo para corregir aquello que no estuvo bien planteado o que no se ha atendido por las autoridades así como para hacer los cambios necesarios para ir en la dirección correcta ante la nueva realidad que vive la entidad y el país.
Finalmente, en el ejercicio de participación social se debe incorporar a nuevos actores y expertos para que no sean los mismos funcionarios y empresarios de siempre quienes decidan el rumbo de la entidad con base a sus intereses de grupo. La continuidad no es sinónimo de hacer lo mismo con los mismos, se requiere un ejercicio serio de planeación con la participación social real, sin simulaciones ni comparsas.
FACTURACIÓN
A partir de diciembre entrará en operaciones un cambio en materia fiscal que tiene preocupados a los contribuyentes y sus contadores porque deberán cumplir con la disposición obligatoria de elaborar el CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, lo que significa además hacer declaraciones prácticamente automatizadas y con revisiones más sencillas con una nueva versión electrónica en línea, según las autoridades fiscales,
Oficialmente, la actualización de la facturación entró en vigor el 1 de julio de este año pero se otorgó como una facilidad a los contribuyentes a que pudieran usar la versión anterior hasta el 30 de noviembre. Ya no se extenderá el plazo una vez que a partir del 2018, toda la información que entreguen los contribuyentes estará disponible en una sola versión.
Independientemente de las especificaciones que se tendrán que cumplir por los contribuyentes así como los requerimientos técnicos que se necesitan (los tutoriales se pueden consultar en la página electrónica del SAT), el cambio más relevante es que ahora se tendrá que aportar datos y claves que van a permitir a las autoridades fiscales disponer de una información más precisa y uniforme, que teóricamente cerraría el espacio a prácticas ilegales como la evasión.
El nuevo sistema de facturación busca incrementar la cantidad y calidad de información que reciben las autoridades fiscales, eliminar prácticas indebidas y mejorar la interacción entre autoridades y contribuyentes, vía electrónica. El sistema 3.3 cuenta con 46 reglas de validación, 17 nuevos catálogos para aplicaciones en los conceptos a facturar y una estandarización de los datos capturados por los contribuyentes.
Según el SAT, los contribuyentes van a tener beneficios de la nueva factura electrónica como disminuir la posibilidad a ser sancionados al contar con información más confiable de sus operaciones; simplificar los procesos de facturación y conciliación de pagos así como la eliminación de la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios. Además en un futuro, se podrá eliminar la Declaración Informativa de Operaciones de Terceros.
Esta nueva herramienta tecnológica que ha puesto en operación la autoridad fiscal va a poner en manos de las autoridades toda la información del contribuyente y sus operaciones, lo que va a simplificar las llamadas auditorias porque ahora se concentrarán únicamente en donde el sistema reporte anomalías en su minería de datos.
Hace apenas 15 años, si el SAT quería realizar una auditoría, tenía que recurrir a toda la información de la empresa y pasar meses en la identificación de operaciones indebidas; este sistema de facturación electrónica es la base angular para conocer la información de cada contribuyente y cruzarla con la que proporcionan otros y así verificar de manera más sencilla la fiscalización de operaciones ilegales como evasión de pago de impuestos hasta lavado de dinero, entre otras.
CREDIBILIDAD
A unos días de que inició el proceso electoral para el 2018, las organizaciones de la sociedad civil esperan que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Guanajuato respeten el acuerdo que firmaron para prevenir los delitos electorales, junto con esquemas de participación ciudadana en la jornada de votaciones, y se garantice una contienda en un marco de respeto y paz.
Apenas el 14 de septiembre pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y los representantes de los tres poderes del Estado en Guanajuato firmaron una serie de compromisos para garantizar un proceso electoral democrático y ejemplar que motive la participación de la sociedad en las urnas.
El plan de trabajo está enfocado a implementar mecanismos de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información en materia de prevención de delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y promover la cultura de la denuncia respecto a casos donde se descubra una conducta indebida que rompa con los criterios de equidad y legalidad que establecen las leyes electorales.
Este es un asunto de gran relevancia en el proceso electoral que arranca en octubre porque existe una clara desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y el gobierno, independientemente de que en Guanajuato el índice de delitos electorales está por debajo de otras entidades donde la situación es escandalosa y que deriva en conflictos post-electorales.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es la encargada de investigar las denuncias y abrir las carpetas de investigación sobre las irregularidades de los partidos y sus aspirantes o el condicionamiento de los programas sociales, entre otros supuestos que establece la ley.
Actualmente hay una serie de denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que ya fueron turnadas al Tribunal Electoral del Estado pero hay otras que se formularon a la Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República y que siguen bajo investigación. Combatir la impunidad de los partidos en los procesos electorales dará confianza a los ciudadanos para que puedan confiar en las autoridades cuando hacen una denuncia.
En octubre se va a realizar el primer foro derivado de este acuerdo sobre el tema de blindaje electoral, en donde se va a advertir a los funcionarios públicos sobre las conductas que pueden ser asociadas a delitos electorales y que son sancionadas por la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado.
Además les van a entregar una guía para que identifiquen los derechos y delitos electorales junto con sus responsabilidades administrativas aunque eso no es garantía de que van a cumplirlos.
Los ciudadanos necesitan recuperar la confianza en sus autoridades y quienes no estén dispuestos a acatar la ley seguramente van a ser castigados el día de las elecciones, aunque desafortunadamente cada vez es más el abstencionismo, y ahí es donde pierde la democracia.
