Sin previo aviso y sin una aprobación del ayuntamiento, desde ayer martes, 1 de octubre, el trasporte público de Silao incrementó dos pesos.
Este aumento que se dio de manera unilateral por parte de los transportistas se debe a una forma de manifestarse por parte de los concesionarios de este servicio debido a que han solicitado este aumento tarifario desde el 2017 y no les han hecho caso.
Incluso advirtieron que, si llegan a detener alguno de los camiones, los concesionarios del transporte público podrían irse a huelga y detener todo el servicio de transporte.
Mario Cervantes Valdés, uno de los voceros de los empresarios transportistas, dio a conocer que han solicitado 7 veces aumento tarifario desde el 2017 y en ninguna les han hecho caso, las más reciente solicitud fue el pasado mes de julio; sin embargo, ni siquiera les han respondido el escrito.
Lamentó que falta de voluntad política por parte del ayuntamiento. Hoy, el transporte público en Silao ya cuesta 10 pesos en la zona urbana.
En caso de que lleguen a multar o infraccionar a alguno de los camioneros, los Concesionarios del transporte advirtieron que podrían detener el servicio pues la situación que viven ya es muy compleja, pues no reciben apoyo económico del ayuntamiento ni para las capacitaciones de los choferes.
Entre las justificaciones del incremento están: El incremento del Diésel de casi 10 pesos el litro desde el 2017; el incremento del salario mínimo que en aquel año era de 88 pesos y actualmente es de 245; el mantenimiento y capacitaciones de todos los choferes que corre por cuenta de los empresarios del transporte público en Silao.
Dieron a conocer que actualmente no les ‘alcanza para el mantenimiento de las unidades’ y que tienen el 80% de sus unidades en vida útil; pero, reiteraron que con la tarifa que existe no son acreedores para un financiamiento.
Con este aumento se comprometen a poder brindar un mejor servicio y, aunque el incremento se dio pudiera ser irregular, aseguraron hacerlo como una medida de urgencia ante el hecho que habían sido ignorado por la Administración.
«Legalmente no está bien, pero si no nos hacen caso más vale morir de algo a no hacer nada», sentenció.
