La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODHEG, a dos años de acontecido el hecho, no ha emitido ninguna resolución en una queja por desaparición forzada que recibió contra elementos de la Policía Municipal de Romita, lo que para la familia de las víctimas es una omisión institucional y delata un posible encubrimiento de lo sucedido.
“El artículo 150, del reglamento interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que la CNDH puede conocer de una queja en contra de un organismo público local si es que los plazos se han excedido por más de seis meses”, compartió Raymundo Sandoval Bautista, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
El 11 de enero de 2024, el tribunal unitario de enjuiciamiento del Poder Judicial de Guanajuato absolvió a cuatro policías municipales de Romita, incluido el exdirector, acusados del delito de desaparición forzada de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron localizados con impactos de bala en febrero de 2023. El tribunal argumentó que no se acreditaron todos los elementos del tipo penal y ordenó su inmediata libertad y la cancelación de antecedentes penales.
Los hechos:
Según la acusación del Ministerio Público, Daniela (27), Juan Pablo (29) y Carlos Esteban (25) fueron detenidos tras un percance vial y trasladados a barandillas.
Tras el pago de una multa, fueron liberados y subidos a una camioneta. Tres días después aparecieron asesinados y enterrados en la comunidad El Escoplo. Aunque el tribunal reconoció que sí estuvieron bajo custodia de los policías, determinó que no se probó su participación activa en la desaparición ni intención de ocultar la detención, con lo cual no se configuró el delito.
Raymundo Sandoval Bautista destacó que, ante la falta de avances, los familiares de las víctimas pueden acudir directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que aún no se conoce el estatus de la queja.
“La Procuraduría tiene ya casi dos años investigando este caso, y no ha emitido resolución. Esto incumple con los estándares técnicos mínimos en materia de derechos humanos. La CNDH ya podría conocer de la investigación por falta de avance; es decir, las víctimas podrían presentar una queja y ésta definitivamente tendría que aceptarla porque ya transcurrieron más de seis meses desde que inició la investigación”, manifestó.
Dijo que el inactuar de la PDHEG en este caso exhibe no sólo ineficiencia, sino posibles vínculos institucionales con actores del poder local.
“La Procuraduría da cuenta de la ausencia de estándares técnicos a nivel nacional y de una eventual complicidad con la policía municipal, con la Fiscalía del Estado e incluso con el Poder Judicial.
No es propiamente un organismo protector con estándares nacionales, sino un organismo burocrático del Estado que solo sirve para engrosar las filas de la burocracia sin que efectivamente ayude a defender los derechos humanos”, recalcó.
