Este martes fue declarado formalmente preso por el delito de peculado un segundo presunto implicado en el caso que ha integrado la Procuraduría General de Justicia contra la exalcalde Bárbara Botello, dentro de proceso penal que ya se instruye contra particulares presuntamente implicados pero que en el caso de ella no procede mientras goce de la inmunidad procesal que le confiere su calidad de diputada federal.
A PRISIÓN
Este martes la Procuraduría General de Justicia dio a conocer un auto de formal prisión que dictó el juez sexto de lo penal, del partido judicial de León contra José Antonio y/o Dionisio Arturo.
Este hombre, uno de al menos tres particulares presuntamente implicados en presuntas operaciones simuladas de prestación de servicios al gobierno municipal de León durante la administración de Bárbara Botello Santibáñez, para disponer de recursos públicos en provecho propio.
La Procuraduría General de Justicia sostiene que el ex funcionaria se apoderó junto con esas personas de recursos públicos de León, de manera ilegal.
El auto de formal prisión dictado contra, José Antonio y/o Dionisio Arturo, lo mantiene literalmente tras las rejas. Aparentemente no tiene derecho a la libertad bajo fianza, al igual que el otro presunto implicado ya formalmente preso y sujeto a proceso penal, Leonardo Enríquez Bautista, a quien fue dictado el auto de formal prisión hace algunos días.
De acuerdo con información ministerial José Antonio y/o Dionisio Arturo. Habría intervenido como representante, y Enríquez Bautista como administrador único de una empresa denominada Asesoría Especializada Especta, S.A, de C.V.
Además de ellos estaría implicada una particular representante de otra empresa.
Se trata de empresas fantasma, según las declaraciones que hizo en su momento, en conferencia de prensa, el Procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
¿PARTICULARES PROCESADOS POR PECULADO?
El delito de peculado, contenido en el numeral 248 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece que comete el delito de peculado El servidor público que disponga de un bien que hubiese recibido en razón de su cargo. Pero los hasta ahora apresados son particulares, no servidores públicos.
En su comunicación la PGJE sólo anunció el auto de formal prisión en contra de Olvera Jiménez y/o Preciado Maldonado, pero no señaló en calidad de qué están sujetos a proceso penal siendo particulares.
Un experto en la material señaló que pueden ser procesados en calidad de cómplices de peculado quienes siendo particulares hubieren participado con el servidor público en la disposición ilícita, que hubiese hecho este, del bien público.
LA INVESTIGACIÓN.
De acuerdo con funcionarios ministeriales, el peculado que imputa la Procuraduría General de Justicia a Bárbara Botello, a los procesados y a una tercera implicada, todos estos como falsos proveedores, fue cometido durante la administración municipal de León, entre 2012 y 2015.
Señalan que fueron simuladas operaciones con proveedores para hacer pagos por servicios que nunca fueron prestados y las empresas con quienes contrataban eran empresas fantasmas.
Uno de los ahora procesados sería el principal implicado en dichas operaciones.
Pero el monto final de dicho ilícito no ha sido precisado.
Todo sin embargo, hasta ahora, no ha superado las meras presunciones, pues nadie ha sido condenado judicialmente por esas imputaciones y los autos de formal prisión ya dictados, tiene como fundamento precisa y solamente la presunción de responsabilidad de los ahora encarcelados.
Sin embargo, la principal implicada en los señalamientos ministeriales, la ex alcaldesa Bárbara Botello está, al menos por ahora, a salvo de persecución judicial mientras le beneficie la inmunidad procesal de que la inviste su condición de legisladora federal.
La solicitud de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que le retire la inmunidad procesal a la legisladora está en los preliminares del procedimiento: será canalizada a la comisión correspondiente para su análisis.
