Cada año en México, alrededor de 40 mil niños y adolescentes son reclutados por el crimen organizado, principalmente a partir de los 13 años, informó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Señaló que, aunque la mayoría de los casos ocurre en adolescentes, también se han detectado situaciones de reclutamiento en niños de entre 8 y 10 años. Explicó que los más vulnerables son quienes tienen entre 13 y 17 años, ya que los grupos criminales aprovechan su condición física y emocional para asignarles diferentes tareas.
“Entre más pequeños, que tienen menos fuerza física, son utilizados para labores de información, lo que conocemos como halconeo”, indicó. En cambio, a los adolescentes mayores se les destinan actividades que requieren mayor resistencia o movilidad, dependiendo del territorio y del grupo criminal que los reclute.
De acuerdo con datos de REDIM, cada año, en promedio, 30 mil adolescentes son imputados por algún delito, lo que refleja la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que viven. Pérez aclaró que no todos están vinculados a organizaciones criminales, pero sí conforman lo que llamó una “población oculta”.
El especialista subrayó que los grupos criminales no buscan formar líderes con estas infancias y adolescencias, sino que los consideran “desechables”. “Los usan para vigilar, trasladar armas o incluso para enfrentar a las fuerzas de seguridad; no les importan sus vidas”, denunció.
En un estudio sobre factores de riesgo —que contempla pobreza, abandono escolar, falta de justicia para adolescentes y presencia de grupos criminales— se estimó que entre 140 mil y 250 mil adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados.
Respecto al tiempo de vida de un adolescente reclutado, Pérez explicó que este depende de múltiples factores: la organización delictiva, la región donde operan y el tipo de actividades que les asignan.
Añadió que, si un joven sobrevive a la primera etapa de reclutamiento, puede escalar posiciones dentro del grupo criminal, aunque quienes intentan huir suelen refugiarse en anexos, a los cuales catalogó como “escuelas básicas de reclutamiento”.
“No son espacios médicos ni de tratamiento profesional. Desde hace muchos años —esto lo tenemos documentado desde 2010-2011— comenzaron a ser utilizados para obtener de ahí a personas reclutadas”, declaró.
Pérez recordó que desde sus orígenes, muchos de estos anexos operan bajo esquemas violentos y sin preparación profesional para atender adicciones, lo que los convierte en lugares donde jóvenes con problemas de consumo, estigmatizados y rechazados por sus familias, son presa fácil del crimen organizado.
Finalmente, advirtió que reducir el reclutamiento de niños y adolescentes es la única vía para disminuir la violencia en México, aunque reconoció que esto no será posible sin voluntad política y la participación de la sociedad civil, familias y comunidades.
Urgió además a tipificar el reclutamiento en el Código Penal, ya que actualmente no existe una reforma que proteja a las infancias y sancione este delito.
