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Mirilla 10/03/2017

HUELLAS
En la sesión de Ayuntamiento de este jueves, el regidor del PVEM, Sergio Contreras, propuso realizar una auditoría integral al extinto fideicomiso del Estadio León para deslindar responsabilidades sobre si hubo errores de exfuncionarios que en su momento tomaron la decisión de prescribir su vigencia antes de tiempo, aunque la realidad es que se debería extender a las administraciones donde se tenía la responsabilidad de hacer una defensa legal ante las autoridades judiciales.

La tesis planteada ayer en el Ayuntamiento es que fue la decisión de crear un fideicomiso y luego finiquitarlo antes de tiempo, la que pudo ser el origen del problema, aunque pasa de largo que las administraciones que le siguieron fueron muy poco eficaces en su defensa, al menos eso es lo que mencionaron algunos panistas que atribuyen a esa fragilidad legal haber perdido el estadio.

Además hay otro aspecto que se pasó de largo a los regidores y síndicos que ayer avalaron la postura del PVEM, de buscar culpables en el pasado sobre el error que hoy dejó sin estadio a la ciudad y que no está en sus manos averiguar, mucho menos sancionar.

Es necesario también revisar el criterio utilizado por los magistrados federales que han tenido en sus manos el asunto tras una larga disputa entre la Asociación Civil, Club Social y Deportivo León y la administración municipal, donde también se podrían echar un clavado para revisar qué fue lo que pasó ante las diferencias de argumentos que todavía se mostraron el miércoles pasado, previo a rechazar la solicitud de amparo del municipio.

Esta es una de las tesis que ofrecieron ayer algunos abogados privados que han seguido el asunto y que sugieren a las autoridades municipales recurrir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la decisión del Tribunal.

De acuerdo con los argumentos mostrados por el municipio ante los magistrados del tribunal, en la segunda cláusula del contrato del fideicomiso, Roberto Zermeño aceptó que no se reservaba ningún derecho sobre los bienes, dado que los transmitía de manera real, definitiva e irrevocable al municipio.

Y respecto al tiempo estipulado de su vigencia, había otra cláusula que determinaba que en caso de extinguirse de manera anticipada, el patrimonio de éste pasaría a manos del municipio, hecho que se registró en 2008, cuando el estadio se escrituró a favor del gobierno y los leoneses.

Si la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública acepta revisar el caso, va a encontrar inconsistencias en la demanda de juicio mercantil interpuesta en 2011 por los representantes de la Asociación Civil, en la que solicitaban anular las escrituras a favor del municipio por haber dado por terminado el contrato del fideicomiso y exigir que se le devolviera el inmueble.

Además que seguir esa vertiente de la investigación, por ahora, va a distraer el propósito fundamental expresado por el alcalde Héctor López Santillana, de buscar otros mecanismos legales para que se haga justicia a los leoneses y no se entregue el estadio a particulares.

Mientras eso sucede en la Casa Municipal, afuera queda la pregunta sobre el valor actual del estadio y los terrenos aledaños, porque eso permitiría dimensionar los intereses económicos que están detrás de la maniobra legal que el miércoles fue avalada por mayoría en el tribunal.

BLOQUE
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González García, adelantó que en el marco de la renegociación del TLCAN con Estados Unidos, harán un bloque con una postura única entre la cadena cuero, calzado y proveeduría del país.

Ayer, durante la conferencia de prensa para presentar el programa de actividades de SAPICA Otoño-Invierno 2017, que se realizará del 14 al 17 de marzo, el nuevo presidente de la CICEG reveló que los fabricantes de calzado locales van a sumar a sus homólogos de Jalisco y Estado de México, donde se concentra la mayor planta productiva del sector, para ir en una negociación conjunta con la Secretaría de Economía ante las autoridades comerciales de Estados Unidos.

Agregó que a la estrategia que define el sector calzado se van a sumar otros sectores de la cadena productiva, como los curtidores y los proveedores de ambas industrias, a fin de fortalecer las negociaciones ante el gobierno estadounidense que ha dado muestras de ajustar los beneficios arancelarios que tiene México, en especial, en donde hay déficit en la balanza comercial como es el caso del TLCAN.

González García explicó que continúan las mesas de trabajo de los industriales y autoridades federales y subrayó la elaboración de algunos estudios comerciales por parte de Enrique Dussel, quien elaboró el impacto que tendría el TPP en la Industria del Calzado de México y que evidenció que faltaba una política industrial orientada a fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas.

Estos estudios van a fundamentar la propuesta de los industriales mexicanos quienes tienen un espacio dentro del llamado Cuarto de Junto y que se conforma por los sectores productivos que van a acompañar a la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales con su contraparte en Estados Unidos.

Por otra parte, el presidente de la CICEG explicó que han convocado a otras instituciones educativas a elaborar estudios que contribuyan a definir la estrategia en la renegociación del TLCAN, pues el objetivo final de los zapateros es mantener las ventajas competitivas que les ofrece el mercado norteamericano, a donde se dirigen el 78 por ciento de las exportaciones mexicanas.

Además aseguró que ante el anuncio de las autoridades comerciales de Estados Unidos sobre iniciar la negociación a finales del 2017, los industriales y autoridades locales están a tiempo de presentar su propuesta en el marco de las pláticas que abrirán la revisión del acuerdo.

Por lo pronto, ayer en la Ciudad de México, los funcionarios de la Secretaría de Economía se reunieron con el equipo técnico de la CICEG, que coordina los estudios que den solidez a su postura de negociación, para ver qué aspectos son relevantes para integrar en la postura que ya elabora un grupo de expertos en materia de comercio internacional.

DEFINICIÓN
El alcalde Héctor López Santillana adelantó ayer que ya hay avances en el trabajo que realiza Juan Carlos Murillo, asesor externo del municipio, para la integración del Plan Estratégico de Seguridad 2040, a lo que se suma la aprobación del Ayuntamiento del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (FIFOSEC).

Sobre el primero, se trata de un plan de trabajo de largo plazo que contiene una serie de estrategias que van a permitir ofrecer resultados más efectivos en materia de seguridad y que está alineado a la propuesta que han realizado los organismos de la sociedad civil para atender las causas estructurales de la inseguridad, no solamente las consecuencias con más policías y patrullas. También incluye la revisión de las estructuras y procesos de las instituciones responsables de seguridad.

López Santillana ha reiterado que la incidencia delictiva es una consecuencia de otros factores sociales que no han sido atendidos con oportunidad y este plan va a permitir aplicar medidas de corto y largo plazo a fin de devolver la tranquilidad y paz a los leoneses, quienes en los últimos años han visto cómo se incrementan los delitos del fuero común y federal.

Juan Carlos Murillo lleva muy avanzado el plan estratégico donde sobresalen cinco grandes proyectos que va a encaminar la administración municipal y que van a continuar en manos de la sociedad, aun cuando cambie el gobierno.

Se plantea una estrategia de 120 días para mostrar mejores resultados operativos en seguridad; una estrategia de fortalecimiento del capital humano; una estrategia de inteligencia más efectiva; una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia y finalmente, otra de construcción de la seguridad con una visión de largo plazo. Cada uno tendrá indicadores, metas y responsables de aplicar las líneas estratégicas del plan.

Sobre el fideicomiso, que ayer se aprobó en el Ayuntamiento, el alcalde planteó que ayudará a hacer una inversión continua en temas que contribuyan a resolver los problemas que hoy enfrenta el municipio y que favorecerá a formalizar la participación de los ciudadanos más allá de una administración.

También aseguró que sigue firme el compromiso de aportación municipal de 50 millones de pesos como lo ofreció desde que el gobierno del estado propuso dar el aval a éste mecanismo de la Mesa Ciudadana de Seguridad.

El alcalde precisó que el mecanismo permitirá que los ciudadanos puedan hacer aportaciones que sumen al esfuerzo de combatir la inseguridad y que de acuerdo con el planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil, tendrían que estar enfocados a desarrollar el capital humano de los cuerpos policíacos, aplicar instrumentos de prevención de la violencia y delincuencia (adicciones, colonias seguras y violencia intrafamiliar) y fortalecimiento de la inteligencia policial.

A la par de este trabajo, la semana pasada se cambió al director operativo de la Policía municipal y esta semana se nombró a un subsecretario de Seguridad que estará a cargo de agilizar los procesos administrativos y hacer más eficiente el uso de los recursos destinados a esta materia.

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