FILOSOS
El ejercicio que hicieron los empresarios, académicos, investigadores entre otros integrantes de la sociedad civil que asistieron al Parque de Innovación de La Salle al foro sobre las propuestas que México necesita, ante las circunstancias que se viven, deja en claro el malestar que prevalece por la falta de transparencia, corrupción, dispendio en el gasto público y privilegios que mantiene la clase gobernante, independientemente del orden de gobierno que se trate.
En el listado de 10 propuestas que elaboraron los participantes al foro en materia de competitividad, desarrollo inclusivo, educación, gasto público y Estado de Derecho sobresalen aquellas que son de urgente aplicación ante la falta de eficacia de los políticos y funcionarios públicos en el manejo de los recursos de los ciudadanos.
El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez Hernández, integrará las propuestas en cada una de las áreas arriba mencionadas y las entregará al organismo cúpula del sector patronal para que se incorporen a otras que van a surgir en los estados de la República y entregarlas al gobierno federal.
Hay que recordar que Coparmex fue el único de los organismos de la sociedad civil que no se sumó al acuerdo que convocó al arranque del año el gobierno federal, ante el rechazo ciudadano a los gasolinazos, y propuso construir otra propuesta alternativa que sí considere aspectos que omitió la versión oficial que se presentó en enero.
En materia de competitividad, se plantearon dos propuestas concretas; la primera, la reestructuración integral de la reforma fiscal que aprobó el Congreso de la Unión a propuesta del Poder Ejecutivo Federal, para reestablecer los factores que incidan en el crecimiento económico, entre ellos la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales, generar un esquema de bonos de productividad que no tengan carga fiscal y que vayan de forma inmediata al salario de los trabajadores junto con la aplicación de incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa por mencionar algunos.
Para fortalecer el Estado de Derecho, los participantes al foro de la Coparmex propusieron establecer sanciones fiscales a las entidades que no cumplen con la transparencia y la instrumentación de sistemas anticorrupción; en este rubro, incluso se pidió que aquellas entidades que no hayan resuelto las auditorías pendientes y no asuman los índices de transparencia en el ejercicio presupuestal que marca la ley, se les retengan los recursos destinados a la obra pública.
En el caso de la impunidad que prevalece en el país, se pidió el fortalecimiento institucional y la creación de indicadores para evaluar el desempeño de los Ministerios Públicos.
Una de las primeras tareas que debería asumir el Sistema Nacional Anticorrupción, ya integrado por un consejo ciudadano, es el esclarecimiento del destino de nueve mil millones de pesos perdidos que se invirtieron en la supuesta obra de una refinería en el estado de Hidalgo, propuso la mesa dedicada al rubro de combate a la impunidad entre otras.
En materia de impulso al desarrollo inclusivo, hubo una coincidencia para atender a las comunidades indígenas, evitar que sean excluidos de los programas de desarrollo social y que tengan que migrar de una entidad a otra; proteger los derechos de propiedad intelectual de sus productos y ganar espacios para la comercialización de éstos.
Para reducir el gasto público ociosos, el foro concluyó que se debe reducir el 50 por ciento del financiamiento a los partidos políticos; la eliminación de los diputados y senadores plurinominales; establecer topes y mecanismos claros para los sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos de los Tres Poderes y los distintos órdenes de gobierno.
Además la creación de un consejo fiscal independiente para definir el presupuesto de egresos e ingresos del gobierno federal y establecer límites a los excesivos endeudamientos de los gobiernos.
Finalmente, en materia de educación se propuso dar continuidad con la reforma educativa, fortalecer el desarrollo de los docentes y procesos de evaluación; incrementar el presupuesto educativo junto al de investigación científica y tecnológica
Todas estas propuestas tienen índices para permitir una evaluación del desempeño gubernamental, lo que marca una diferencia abismal con el acuerdo que propuso el gobierno federal en enero y que sólo es un catálogo de buenas intenciones, nada más.
Statue of Liberty seen from the Circle Line ferry, Manhattan, New YorkINTELIGENCIA
El registro de homicidios dolosos en León durante el mes de enero, una de las cifras más altas en los últimos años, es un tema complejo que va a requerir de la atención seria y responsable de los gobiernos municipal, estatal y federal, si no quieren que la situación se desborde y empiecen a aparecer víctimas colaterales de la guerra entre los grupos del crimen organizado.
Hasta ahora la narrativa de las autoridades municipales es que la mayoría de las víctimas de los homicidios dolosos, con el sello característico de la delincuencia organizada, son personas con antecedentes penales pero nada garantiza que esta lucha entre los grupos criminales se extienda a otras esferas y provoque más daño a la sociedad.
Ayer, se llevó a cabo en León la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, que tiene muy poca comunicación con los organismos de la sociedad civil para informar sus programas y acciones de trabajo, y el alcalde Héctor López Santillana ofreció su versión de lo que ahí sucedió, en especial, de la revisión que se hizo de las estrategias que se necesitan para frenar y erradicar los homicidios y delitos del fuero federal en la ciudad.
Por ley, quien debería estar atento a este conflicto de la delincuencia organizada en la ciudad, es el gobierno federal, que por cierto tiene una estrategia vigente en tres ciudades de Guanajuato (León, Irapuato y Celaya) para reducir la incidencia de homicidios dolosos. Este mecanismo se instrumentó desde el año pasado, pero lejos de reducir este tipo de delitos en la ciudad, van a la alza, como se ha registrado por organismos como el Observatorio Ciudadano de León.
El alcalde explicó ayer que de los 33 homicidios dolosos reportados en enero, al menos un 95 por ciento están ligados a la lucha entre grupos relacionados con el narcotráfico; a ésta cifra se suman los registrados desde el año pasado a raíz de un asesinato en una plaza comercial que detonó la situación que se vive actualmente.
Nuevamente, se pone a prueba la capacidad de las autoridades estatales en materia de seguridad pública y procuración de justicia porque se supone que están coordinadas con las dependencias federales que tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado. Porque en lo que se refiere a los cuerpos de seguridad municipales han quedado rebasados de esta nueva realidad con la que conviven los leoneses todos los días.
Por último, el Observatorio Ciudadano de León reiteró nuevamente la necesidad de aplicar un sistema de inteligencia más efectivo por parte de las autoridades municipales, estatales y federales porque los homicidios reportados en enero son un signo claro de que la situación está descompuesta y los ciudadanos ya no están tranquilos aunque vayan a la Feria de las Sonrisas.
CONSULTA
La delegación de la Secretaría de Economía, Alberto Bello Albo, difundió los criterios que determinó el gobierno federal para preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en caso de que se acepten una renegociación de los términos establecidos en el documento original del TLCAN, que entró en vigor en enero de 1994.
El gobierno federal reconoce que existe la necesidad de construir una nueva etapa de diálogo y negociación entre los países integrantes del acuerdo comercial a partir un intercambio donde los productos estén exentos de cualquier arancel o cuota como ha ocurrido desde el 2008.
Hay que recordar que la primera semana de gobierno de Donald Trump, se planteó por la Casa Blanca la aplicación de un arancel de hasta el 35 por ciento a algunos productos que se manufacturan en México y entran a esa nación para solventar el pago de un muro fronterizo que ayude a frenar la migración ilegal de mexicanos.
Otro criterio con el que trabajarán los negociadores mexicanos es que se debe buscar fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro para favorecer el crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá, a partir de una sana competencia y desarrollo de sectores con mayor valor agregado.
Actualmente, hay industrias que tienen un complejo grado de integración como es el caso de la industria automotriz o de tecnologías de la información derivado de que únicamente se ensamblan en México y paulatinamente ha crecido la proporción de insumos de manufactura nacional.
Uno de los puntos fundamentales de las negociaciones será la premisa de superar cualquier obstáculo al libre comercio o a la aplicación de criterios proteccionistas que se basan en la imposición de aranceles que hoy no existen entre los tres países integrantes del acuerdo comercial.
De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Economía habrá un proceso formal de consultas con los diversos sectores industriales y de servicios por alrededor de tres meses, durante los cuales se podrían derivar algunas propuestas para mejorar y modernizar el acuerdo. En la construcción de la postura del gobierno se van a sumar, además del sector productivo, al Senado de la República y a organismos de la sociedad civil.
En el caso del sector calzado de Guanajuato, este viernes empiezan las primeras reuniones con las empresas exportadoras para definir los mecanismos comerciales que pueden ayudar a abrir más oportunidades al comercio exterior sin menoscabo del aparato productivo nacional.
Para el gobierno federal está claro que no se va a negociar la soberanía nacional, que deberá prevalecer el respeto al Estado de Derecho, que se mantendrá una visión constructiva y que el objetivo final es la integración comercial de Norteamérica y bajo una negociación integral, con temas relacionados con migración y seguridad.
El problema es que el nuevo gobierno de Trump negocia bajo otros principios distintos a los que propone el gobierno federal, y para muestra, la filtración que hizo ayer su administración a un medio estadounidense en donde incluso habla de enviar sus tropas para combatir a los “bad-hombres”, sin precisar a quiénes se refiere, que hay en nuestro país.
