Así lo exhiben las estadísticas oficiales. Es decir, las que proporcionan las autoridades guanajuatenses y que publica la federación en la página electrónica del SESNSP, mientras siguen faltando las estadísticas del trabajo que hacen las autoridades encargadas de perseguir y procurar el castigo de esos delitos y de las que administran la ley y aplican sanciones a los responsables.
La violencia homicida registrada, que comienza en el 2015 con un total de 602 víctimas en el acumulado de aquel año, se multiplicó hasta 7 veces y media en 2020 con 4,490 víctimas reportadas ese año.
Este 2021, hasta concluir noviembre, la suma estadística del SESNSP, de diez meses, más la de la CNS, correspondientes a noviembre, suman un total de 3,195 víctimas de homicidio doloso.
Son 995 víctimas menos en once meses de este año, comparados con el mismo periodo del 2020, cuando en once meses sumaban ya 4,190 víctimas. Pero la delincuencia y su violencia desatada siguen en las calles, en la lucha de organizaciones criminales contrarias, que lo mismo toman vidas de enemigos que de personas inocentes expuestas a los atentados.
Ante ese negro panorama, las autoridades de la procuración de justicia se empeñan en publicar y destacar casos de detenciones de probables responsables, su vinculación a proceso penal y, en menor proporción, sentencias condenatorias logradas contra homicidas y contra responsables de otros delitos graves. También destaca estudios o reconocimientos de asociaciones civiles por su desempeño.
Pero lo que no publican, ni espontáneamente ni por solicitud, es cuántos de esos casi 18,000 homicidios han sido esclarecidos, perseguidos, juzgados y castigados. Sin duda sería un objetivo y sólido indicador de eficiencia.
