Las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato serán aceptadas, pero el ombudsman ocurrió en errores que han sido aclarados y en su resolución no incluye siquiera imputaciones de uso excesivo de la fuerza, señalamientos de homicidio, ni recomienda capacitar a toda la corporación en materias como el uso de armas.

Esto lo señaló Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, en torno a las siete recomendaciones que le dirigió la Procuraduría de los Derechos Humanos por la actuación de seis agentes de Seguridad Pública del Estado en los hechos en que fue muerto el migrante Leonardo Reyes Cayente el 13 de diciembre del 2018 en San Miguel de Allende en un incidente que no ha sido esclarecido penalmente.

Cabeza de Vaca hizo referencia a la resolución que recibió de Derechos Humanos y a una fe de erratas que habría recibido, según su propia declaración.
Señaló que en dicha fe de erratas, Derechos Humanos corrige el nombre de una supuesta agente de Policía vinculada al hecho, pero que corresponde en realidad la madre de la víctima.

También señaló que aclaró con el ombudsman guanajuatense que una de las recomendaciones señalaba dar capacitación a toda la Policía Estatal en el respeto a los derechos humanos y en el uso de armas, y que la limita exclusivamente a los seis agentes que se vieron involucrados en esa muerte.

En realidad esa fe de erratas y esa corrección obran en el mismo expediente que fue remitido al funcionario estatal, señalaron fuentes de Derechos Humanos, y habían sido advertidos los yerros desde un día antes, el 17 de febrero, cuando se notificó primero por disposición legal a los familiares de la víctima.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública destaca que la PDH no hace señalamientos de homicidio o privación ilegal de la libertad contra los agentes involucrados, y tampoco de que incurrieron en uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, la PDH sí hace un apunte público de uso excesivo de la fuerza en el comunicado de prensa que emitió el martes 18, mientras el funcionario señala que en documento formal de la resolución que recibió, no existe tal señalamiento: “Elementos de las FSPE hicieron uso excesivo de la fuerza y no prestaron atención médica inmediata a la víctima.” Señala el comunicado en su encabezado.

Alvar Cabeza de Vaca, por otra parte, aseguró a nombre suyo y del Gobierno del Estado que el tema de Derechos Humanos es de cumplimiento y adelantó que esas recomendaciones serán aceptadas.
Señaló sin embargo, que la Secretaría de Seguridad Pública tiene plazo de quince días para contestar a la PDH, y se encuentra en análisis para posteriormente dar respuesta.

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En cuanto a los policías señalados en la resolución de Derechos Humanos, indicó que la investigación del actuar de los seis policías implicados en el incidente en que murió el migrante, corresponde al Consejo de Honor y Justicia y que es un procedimiento administrativo, durante el cual los agentes tienen derecho de audiencia y a su defensa ante de que se hable de posibles sanciones.

ZAMARRIPA: FISCALÍA SE PRONUNCIARÁ AL RESPECTO
La Fiscalía General del Estado acaba de ser notificada de las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos y está analizándolas para pronunciarse al respecto, dijo este miércoles el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien sin embargo, contestó una de ellas que la carpeta de investigación de los hechos que las motivaron, siguen siendo investigados.

El fiscal estatal declaró en ese sentido ante las recomendaciones que le hizo la PDH por los hechos en que perdió la vida el migrante Leonardo Reyes Cayente, en San Miguel de Allende, el 13 de diciembre del 2018 baleado por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Además de recomendaciones para el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, la PDH emitió recomendaciones para el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre.

Le recomendó que abra procedimiento administrativo para deslindar la responsabilidad de dos agentes del Ministerio Público por presuntamente negar el derecho de acceso a la justicia a los familiares del occiso, así como determinar en un tiempo razonable la Carpeta de Investigación, con el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Zamarripa Aguirre dijo que dichas recomendaciones están en análisis para luego adoptar una postura al respecto.
Sin embargo, en relación con la segunda, declaró que el procurador de los Derechos Humanos habla de dilación en la investigación de esos hechos, pero aseguró que dicha investigación se está llevando a cabo y de eso hay constancia en las fechas y diligencias que se siguen realizando.

Han transcurrido 14 meses desde aquel incidente en el que Leonardo Reyes Cayente fue abatido por un operativo de seis agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la fecha, la Procuraduría de los Derechos Humanos concluyó su investigación y emitió su resolución, mientras el deslinde ministerial de si hay o no responsabilidad penal de los policías, sigue pendiente.

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