La violencia e inseguridad son ya un pasaje cotidiano en Guanajuato. Ejecuciones, asaltos, robo a casa habitación, y la falta de coordinación del estado con la federación y los municipios son el PAN de cada día. A eso hay que sumarle la mala planeación financiera: de 2009 a la fecha el subejercicio en recursos para seguridad es de 246 millones 596 mil pesos.
¿Por qué calientan tanto el dinero? ¿Por qué el PAN Gobierno (incluyendo a sus diputados) se preocupa más por perpetuar al procurador Carlos Zamarripa en el cargo, en vez de ocuparse en diseñar e implementar una estrategia efectiva para combatir la inseguridad? ¿Cuáles son sus verdaderas prioridades y preocupaciones?
El jueves ofrecí una rueda de prensa en Guanajuato capital para hablar de esta problemática. Expuse que la incidencia delictiva al mes de abril de este año coloca a Guanajuato como la tercera con más delitos, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, en el acumulado de los delitos registrados de enero a abril de este año, Guanajuato ocupó también el tercer lugar nacional.
Lejos de reconocer el problema, el gobernador Miguel Márquez se ha empeñado en responsabilizar a la deficiente legislación en materia de portación de armas de fuego, o en su defecto desliza que los crímenes de alto impacto son de orden federal. Apuesta a la llegada de los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar, cuya brigada se instalará en Irapuato -cuando la ciudad con más habitantes y problemas es León-, y encima de todo pasa la charola a los municipios para que financien las obras que ejecuta el Ejército.
¿El problema es el dinero? Si los municipios destinan recursos para la Brigada, desprotegerán otras áreas donde urge invertir.
Y peor aún, existen recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por un monto de 246 millones 596 mil pesos que el gobierno estatal no ha ejercido desde 2009. Tan solo este año no se han aplicado 116 millones 637 mil 662 pesos.
En la rueda de prensa solicité una revisión integral a los recursos, así como las estrategias y resultados del Proyecto Escudo (ese en el que gastaron 2 mil 700 millones para “prevenir” delitos). También pedí que se transparenten los recursos estatales empleados en la instalación de videocámaras y que se detallaran sus características, que deben estar acordes a la norma técnica aplicable a nivel nacional. ¿Qué nos están escondiendo?
Queda claro que algo está fallando. Y la solución no está en permitir que Carlos Zamarripa permanezca otros 9 años al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, según establece la reforma a la Constitución del Estado que está pendiente de aplicarse, pero que aún puede modificarse.
Esperamos que nos rindan cuentas.
¡Nos leemos la próxima semana!
