Los diez gobernadores panistas urgieron ayer al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Seguridad Interior, una vez que coinciden en la necesidad de que las policías regresen a ser los principales garantes de la seguridad ciudadana y que haya un marco normativo que regule la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad.
Los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California, Francisco Vega; de Baja California Sur, Carlos Mendoza; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, Miguel Márquez; de Puebla, José Antonio Gali Fayad; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, firmaron el documento.
Ayer, el gobernador de Guanajuato difundió a través de sus redes sociales, el escrito que firman los mandatarios del PAN y que está dirigido al Congreso de la Unión.
INDEFINICIÓN
“Ante la indefinición en el que se encuentra la Ley de Seguridad Interior, los gobernadores consideramos que las iniciativas presentadas atienden asuntos de vital importancia para todas las entidades federativas, principalmente la regulación de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad”, explica uno de los principales párrafos del documento.
Explica que “desde hace algunos años, los grupos del crimen organizado en el país se han transformado y las instituciones de seguridad pública ya no solamente tienen la difícil tarea de combatir al narcotráfico sino que también de enfrentar una red criminal diversificada. Es en este contexto que la intervención de las fuerzas militares se volvió importante para estabilizar ciertas regiones del país donde las instituciones se vieron rebasadas”.
Pero la actuación de las Fuerzas Armadas debe ser realizada sobre la base de objetivos precisos, temporalidades definidas, mecanismos de control y rendición de cuentas, así como compromisos evaluables de fortalecimiento institucional. Los policías deben regresar a ser los principales garantes de la seguridad ciudadana aunque debe disponerse de corporaciones confiables, honestas y profesionales, tarea donde pueden contribuir los gobernadores.
Finalmente, plantean la necesidad de que esa ley sea resuelta por el Congreso de la Unión a la brevedad.
