En diversos espacios, he criticado la falta de acción, por parte de la ciudadanía, cuando presenciamos actos que violan las normas que, en principio, deberían mejorar nuestra convivencia social. En un extremo se ubican los casos de corrupción como los de OHL, Odebrecht, los diversos casos de gobernadores que se han enriquecido ilícitamente; y en el otro, se encuentran un sinnúmero de casos de “pequeñas” violaciones a los ordenamientos jurídicos, en los que se ven envueltos, un día sí y el otro también, un gran número de mexicanos. La magnitud en cada uno de los extremos es distinta. Sin embargo, no deja de ser una violación al estado de derecho y, por ende, nos hace corresponsables por la situación que priva en el país.
El Derecho, como lo define el autor Álvarez Ledesma, es un sistema de normas y principios dirigido a la regulación de la conducta social, y cuya eficacia está garantizada coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social. Este sistema normativo, compone los cimientos, sobre los cuales debe construirse la vida en sociedad, para promover el bienestar de la mayoría. El problema yace en que, las personas, en uso de su libertad, deciden qué normas acatar y qué normas violar. Esto vulnera la convivencia social, como resultado de la búsqueda de beneficios individuales, en lugar de beneficios colectivos.
Desgraciadamente vivimos bajo el lema de “el que no tranza no avanza”. El que no busca aprovecharse del sistema “no es lo suficientemente vivo”. De alguna manera, vivimos en una sociedad cínica, acostumbrados a los abusos constantes de funcionarios de gobierno que, normalmente, se aprovechan de su posición para obtener beneficios personales. Esto ha generado un efecto en cascada, donde, muchos de los ciudadanos, prefieren imitar estas conductas malsanas, dado que, aquel que debería garantizar la eficacia del Derecho, es el primero en no respetarlo.
Muestra de lo anterior es que, como lo señala el IMCO, los mexicanos percibimos que, la corrupción, es el segundo problema más grave que vive el país; y 50% de las empresas consideran que la corrupción es un impedimento para hacer negocios en México. Este problema debilita el Estado de Derecho, haciendo que la justicia se vea comprometida. Adicionalmente, el Foro Económico Mundial afirma que, un Estado de Derecho debilitado es un obstáculo esencial para el progreso económico y social del país.
Tristemente percibimos el problema, pero poco hacemos para cambiar esta situación. Responsabilizamos a los malos gobiernos que hemos tenido, pero, en realidad, la raíz del problema, somos nosotros, los ciudadanos. En la medida en la que cobremos conciencia de ello, tenderemos a ser más responsables y participativos, al momento de elegir a nuestros representantes; y en la manera en cómo nos comportamos, especialmente cuando se nos presenta una situación, que puede poner a prueba nuestra capacidad moral. Si el gobierno es el responsable de garantizar la eficacia del marco normativo, entonces deberemos comenzar por participar en las urnas, como nos lo marca nuestra Carta Magna, por levantar la voz cuando presenciamos actos incorrectos y, principalmente, respetar el marco normativo, en nuestro diario actuar.

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