El religioso leonés Raúl Villegas Chávez, en prisión provisional mientras es imputado de los delitos de violación calificada, corrupción de menores y abusos sexuales; enfrenta ahora una segunda denuncia y también por delitos de índole sexual. Estos los habría cometido en agravio de otra menor de edad y del mismo colegio que la primera. En Irapuato. La Procuraduría General de Justicia se dispone a ampliar las indagaciones ante la posibilidad de que haya más víctimas.
Este miércoles, el procurador general de justicia en el estado, Carlos Zamarripa Aguirre hizo revelaciones sobre el caso en proceso y la segunda denuncia recibida por el Ministerio Público.
Señaló que se trata de una segunda carpeta de investigación que ya es integrada en relación con el clérigo, ahora detenido.
El funcionario reveló que esa otra carpeta de investigación se abrió con una denuncia de delitos de índole sexual aún no determinados, en agravio a otra menor de edad, estudiante del mismo colegio que la primera y se señala al sacerdote como probable responsable.
Marcó que no se habla en ella de delitos tan graves como la violación calificada pero son investigadores de todas formas delitos de índole sexual que han de ser determinados.
Añadió que las investigaciones ministeriales se han ampliado ante la posibilidad de que existan más víctimas.
Por otra parte, el funcionario señaló que la Procuraduría tiene entendido que fue suspendido de sus funciones religiosas, a raíz de la demanda de reconocimiento de paternidad que enfrentó en León, pero señaló que eso es materia eclesial.
En cuanto al proceso, dijo que el término constitucional ampliado es utilizado por la autoridad judicial para el desahogo de diligencias propuestas por la defensa del imputado, con la obtención de datos de prueba que sirven al imputado en su defensa.
Será el próximo viernes cuando la audiencia de formulación de imputación contra Villegas Chávez se reanude en Irapuato. Donde es ventilado el caso. Y a pregunta expresa, explicó que por los cargos penales que podría enfrentar en juicio de oralidad, se expone a una pena de hasta 30 años de prisión, si es declarado culpable.
