En cumplimiento de una orden judicial, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ofrecieron una disculpa pública por el caso de José Salvador Cárdenas Fuentes, joven de 19 años, víctima de desaparición forzada y homicidio en Irapuato; fue dirigida a la memoria del muchacho y a su madre, María de la Luz Fuentes Caudillo.
El acto se llevó a cabo la mañana de este sábado 18 de enero afuera de la Alhóndiga de Granaditas, con la ausencia de familiares de la víctima y sin representación de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Como testigo del hecho acudió el secretario de Seguridad y Paz del gobierno del estado, Juan Mauro González Martínez.
En representación de la familia acudieron representantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, así como buscadoras de personas desparecidas y amigos del agraviado, procedentes de El Llanito, municipio de Irapuato.
LO QUE PASÓ
El 17 de marzo de 2017, a las 19 horas, José Salvador Cárdenas Fuentes, de 19 años, y su primero Andrés Ramírez Cárdenas salieron de la comunidad Rancho Nuevo del Llanito en Irapuato. Iban en una motocicleta con rumbo a La Calera, a visitar a la novia de Salvador.
Al pasar por un predio nombrado “La Aguacatera”, se detuvieron para que Andrés orinara. Hasta José Salvador llegó un grupo de militares. Lo detuvieron y luego golpearon con una tabla. Andrés huyó del lugar y más tarde regresó con otros muchachos sólo para confirmar que testigos señalaron que los soldados se habían llevado a Salvador.
El 19 de marzo, María de la Luz Fuentes Caudillo, madre de José, promovió una demanda de amparo para que el ejército informara sobre el destino del detenido. No hubo respuesta. El 24 de marzo de ese mismo año, José Salvador fue localizado a un costado de la carretera federal 45 Salamanca-Irapuato, kilómetro 98.5. Una bala penetró su cráneo y le quitó la vida. Era evidente una ejecución extrajudicial.
La mujer inició un proceso de exigencia de justicia para su hijo y tuvo el apoyo de la Plataforma por la Paz y la Justicia. Tras un proceso penal que duró 7 años, el juzgado IX de Distrito ordenó a la SEDENA reconocer que incurrieron en desaparición forzada del joven y que externaran una disculpa pública, hecho que fue cumplido este sábado 18 de enero de 2025.
DISCULPA DE TRÁMITE
En una ceremonia que duró poco más de media hora, Vicente Pérez López, comandante interino de la XII Zona Militar, y el responsable en turno del 8vo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento, expresaron la disculpa pública, dirigida a José Salvador y a su madre, “por los graves daños causados; en reconocimiento de la dignidad de éste como persona y ratificar la voluntad de que no volverán a ocurrir hechos de esta índole”. En su mensaje, escrito de manera muy similar uno y otro, también asumieron el compromiso de impulsar un trabajo de concientización en el ejército para que sus elementos tengan más conciencia del respeto a los derechos humanos.
Integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato expresaron una postura política a nombre de la familia agraviada.
El activista Raymundo Sandoval destacó la importancia de la disculpa pública y el compromiso del ejército porque no se repitan ese tipo de hechos, por lo que consideró que el reconocimiento de la SEDENA a su responsabilidad “es un acto más que simbólico”. Enfatizó la ausencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en que a siete años de la muerte de José Salvador no hay señalamientos sobre las personas responsables del homicidio.
Enumeró que la desaparición de José Salvador es un referente de que más de 121,275 personas en el país y unas 4,449 en el estado han desaparecido en los últimos 6 años. El activista y académico añadió que falta el castigo a los responsables.
Frabrizio Loruso, también integrante de la plataforma, destacó igualmente la importancia de la disculpa e hizo una emotiva descripción de José Salvador como ejercicio de dignidad y respeto a su memoria. Hizo un retrato íntimo del joven y su relación con su familia y su comunidad.
Ambos activistas exigieron a Fiscalía General de la República (FGR) y a la CNDH que avancen en las investigaciones para dar con los responsables y castigarles. También señalaron que en caso de que los recursos sean insuficientes, debe crearse una Comisión Independiente para la investigación, tal como se establece en el “Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas” de la ONU, versión 2016.
