La seguridad en Guanajuato no se logrará con esfuerzos aislados ni soluciones improvisadas, coincidieron autoridades en la primera sesión plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En este foro, la Subsecretaria de Prevención, Elia Bárbara Lugo Delgado, dejó claro que para enfrentar los retos que la violencia impone, es indispensable una alianza sólida entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 46 municipios de la entidad.
“Para garantizar paz y justicia, necesitamos que más allá de colores, partidos o niveles de gobierno, exista una verdadera articulación de voluntades”, enfatizó Lugo Delgado. Subrayó que la profesionalización del personal municipal no es un lujo sino una necesidad urgente, pues sin equipos técnicos capacitados y recursos bien dirigidos, las leyes y políticas públicas se quedan en el papel.
La Convención Legislativa, instaurada en diciembre de 2024, funciona como un espacio estratégico para intercambiar ideas, fortalecer políticas y coordinar acciones que detonen la prevención social de la violencia en todos los municipios. La Subsecretaria valoró el avance en la legislación sobre prevención, pero recordó que las normas “no transforman realidades sin voluntad política y capacidad institucional”.
En el encuentro estuvieron presentes autoridades clave, como la Procuradora de Derechos Humanos Karla Gabriela Alcaraz Olvera, el Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, y representantes del Poder Judicial, junto con diputados y presidentas y presidentes municipales. Este plural encuentro destacó la importancia de trabajar de manera transversal, con corresponsabilidad y visión a largo plazo.
“Cada municipio tiene retos y fortalezas distintas, por eso necesitamos equipos técnicos sólidos, herramientas analíticas y un vínculo cercano con las comunidades”, señaló Lugo Delgado, convencida de que ahí reside la clave para hacer la diferencia en la prevención y seguridad.
La invitación fue clara: construir juntos un Guanajuato más seguro, donde las instituciones y la sociedad civil caminen de la mano, atentos y activos, para responder con rapidez y efectividad a los desafíos que enfrenta el estado en materia de violencia y delincuencia
