Luego de que se diera a conocer la detención del abogado Edgar Francisco N, representante de ‘Punto Legal’, afectados se manifestaron este viernes en audiencias que se llevaron en el Cereso de la ciudad.
La detención del señalado por fraudes inmobiliarios que tienen afectados a más de 400 personas y con 120 millones de por medio, vino luego de la suspensión de amparo y procesado con orden de aprehensión por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Estado.
Entre lo bueno que señalan los afectados y representante legal de algunos de los afectados, es que el abogado Edgar Francisco N ya está bajo control judicial para responder ante las acusaciones que tienen en contra.
Para lo que se vivió este viernes, señalaron que se han estado reprogramando algunas audiencias por carecer de orden de aprehensión, en el caso de la ocurrida a las 12:30 del mediodía de este viernes.
“Esa si se vaya llevar acabo porque sus abogados ya están debidamente impuestos en la carpeta de investigación; va ser una audiencia larga, porque son varios afectados dentro de una misma causa […]. Y lo que todo mundo esperamos es que los señores jueces fijen prisión preventiva justificada, esto porque son más de 100 afectados y eso nos va ayudar a nosotros a que el señor Edgar Francisco N vaya respondiendo esas acusaciones”, indicó el abogado defensor.
Entre lo bueno que pudiera resultar, señala el defensor legal, es que el señalado ya no se puede amparar, pues el Juzgado Federal ya lo amparó en casi todas las carpetas de investigación porque no fijo garantías al Poder Judicial.
“Eso nos da la posibilidad, posibilita a los jueces de llevar a cabo estas audiencias; aproximadamente en cada causa son 10 ofendidos; puede pedir una duplicidad, se alargaría 6 días; pero independientemente va haber una resolución […]. En ese plazo constitucional, el señor se tendría que quedar con prisión preventiva justificada; el MP o los asesores legales que aquí estamos podemos pedir una prisión preventiva justificada, en atención a que el señor ha estado evadiendo la justicia”, agregó.
Cuando se vincule a proceso penal puede durar la investigación hasta 6 meses y como plazo máximo hasta dos años que dure o hasta que no resarza el daño a las víctimas.
