La diputada del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato, Vanesa Sánchez Cordero, declaró que el Gobierno Municipal también debe de atender las afectaciones a los campesinos de Santa Rosa Plan de Ayala y los daños al medio ambiente que ocasionó la planta tratadora de aguas residuales de Sapal.
“El Municipio cree que se resolvió el problema cancelando la concesión, y que Sapal tomé la planta tratadora, pero falta revisar los daños causados por tantos años por el descuido, quiénes son los responsables y quiénes van a pagar, no sólo en lo económico, sino en la salud de los pobladores cercanos, el daño al medio ambiente”.
Dijo que es positiva la inversión de mil 500 millones de pesos que hace el Municipio para atender los daños estructurales de la planta tratadora, que fue mal administrada por la empresa Ecosys durante 20 años, sin embargo, agregó que hace falta una auditoria para deslindar responsabilidades.
“Los daños ambientales son fuertes, la autoridad tiene que sancionar a los responsables, no sólo en lo administrativo, tiene que ejercer castigo penal y resarcir los daños causados”.
Destacó que en el Congreso del Estado analizan las posibles auditorías a Sapal y exigió mayor atención del Gobierno de León a los organismos descentralizados.
“Estamos en el Congreso analizando la información para tomar medidas, parte puede ser exhortar a las autoridades a que presenten denuncias, que vayan más allá de lo que hace el Ayuntamiento, no hubo una revisión de las autoridades por 20 años”.
“Se ha dificultado saber qué sucede en el fondo de muchas descentralizadas, Sapal maneja un recurso económico importante, presta muchos servicios y todo mundo creyó que por ser autosuficiente y generar ingresos, pensaron que era la estrella y que no había nada que cuestionarles, pero cuando sale a la luz estas situaciones, nos damos cuenta que las cosas no están tan bien como parecen”, concluyó.
