El Imuvi toma medidas jurídicas para evitar que vuelva a ocurrir un despojo como el de las dos familias de Villas de San Juan.
“Nosotros, en cada uno de los proyectos, realizamos una revisión jurídica. Somos propietarios de los inmuebles y nos encargamos de que todos los actos se formalicen ante notario público hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Por ello, tienen la certeza de que esto no volverá a suceder”, aseguró su director Luis Miguel Aguirre Aranda.
Recordó que este conflicto tiene antecedentes desde 2003 y que el problema derivó de un incumplimiento por parte de una empresa.
“El IMUVI está pendiente e incluso está asumiendo responsabilidades adicionales para apoyar a las familias afectadas por esta desafortunada situación”
Las dos familias que fueron desalojadas en Villas de San Juan, en León, serán reubicadas de manera temporal en otras viviendas de la misma zona, mientras se resuelve su situación jurídica.
Además, los gastos de renta serán cubiertos en su totalidad por el Municipio.
El director general del Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) recordó que la semana pasada las familias fueron atendidas por el secretario del Ayuntamiento y posteriormente por él de manera particular.
“Recordar que el desalojo solo fue de dos familias, a las que estamos atendiendo en distintos rubros. Hay atención por parte de Fuerza León, del IMUVI y de otras dependencias en materia psicológica y alimentaria, pero el acompañamiento también es por la vía jurídica”, señaló.
Agregó que, tras los desalojos, el instituto ya cuenta con una estrategia legal y con atención por parte del Consejo del IMUVI.
Recordó que durante una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, realizada la semana pasada, se aprobó el recurso para brindar este apoyo.
Indicó que ya cuentan con algunas propuestas de viviendas en renta dentro de la misma zona de Villas de San Juan, ya que esa fue la petición de ambas familias debido a que sus redes de apoyo y familiares se encuentran en el lugar.
“Tienen red familiar en la zona y nosotros los vamos a apoyar para que eso continúe. En lo que se resuelve la vía legal van a tener vivienda.
También vamos a ayudar a una de las familias con colchones y otros bienes necesarios para que puedan instalarse”, mencionó.
Las viviendas que serán rentadas y habitadas durante el tiempo que dure el proceso jurídico son similares a las que ocupaban anteriormente y se encuentran en condiciones adecuadas para ser habitadas de manera inmediata.
Respecto al costo de las rentas, Aguirre Aranda explicó que, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por el IMUVI, los precios en la zona oscilan entre 3 mil 500 y 4 mil pesos mensuales.
Sobre el tiempo durante el cual se mantendrá el apoyo, indicó que dependerá de la duración del juicio.
“El acuerdo del Consejo es que el apoyo para la renta subsista hasta que se resuelva el asunto jurídico”, afirmó.
