Sancionan tres días a Secretario de Turismo

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas determinó que el Secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha no incurrió en ningún daño al erario público, tras haber entregado a través de su asociación “Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros A.C”, contratos por 66.2 millones de pesos para potenciar obras de infraestructura turística.
En julio pasado se dio a conocer que la Secretaría de Turismo de Guanajuato aplicó recursos federales de forma indebida, al delegar a una asociación civil la contratación de obra pública y, en al menos un caso, haber utilizado documentos falsos para poder realizar los trabajos, caso que derivó en el inició de una auditoria en dicha dependencia por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Este viernes a través de un boletín la titular del órgano de fiscalización de gobierno del estado, Isabel Tinoco, informó que “una vez concluidos los procesos de auditoría y responsabilidad administrativa derivados de la revisión a los recursos públicos federales ejercidos por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato a través de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin), no se encontró que haya existido algún daño al erario público.
Aunque sí reconoció que hubo uso indebido uso de facultades, además de incumplimiento en materia de información y documentación, por lo cual, al titular de la Secretaría de Turismo y a la Directora de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, se les aplicó la sanción administrativa de suspensión por tres días por el incumplimiento al artículo 11 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Destacó que dada la naturaleza federal de los fondos, la auditoría corrió a cargo de manera conjunta entre la Secretaría de la Función Pública y la STRC, además de la realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente Isabel Tinoco, aseguró que de esta manera, el Gobierno del Estado de Guanajuato reafirma el mandato y compromiso de hacer cumplir la normativa con el debido proceso y el estricto apego a la legalidad.