Aunque jurídicamente se demuestre lo contrario, la sentencia popular ya se dictó: la gente de a pie, basada en la conciencia colectiva formada por años de abusos policiacos, ya determinó quiénes son los buenos y quiénes los malos.
La señora Juana Luna derrumbó las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato cuando narró a detalle lo que ocurrió la madrugada del 14 de enero; su esposo, Antonio Luna, no fue quien mató a sus tres pequeños hijos, Mateo, Adrián y Daniel, como acusa la fiscalía.
Los niños se ocultaban junto con sus padres en un baño, mientras policías ministeriales y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) intercambiaban disparos con integrantes de un grupo criminal, en una finca a pie de carretera en San Miguel de Allende.
Antonio, de oficio albañil, era el velador de esa finca. Ahora está en prisión, vinculado a proceso por el asesinato de sus tres hijos.
Aunque el procurador Carlos Zamarripa ha defendido el actuar de los policías ministeriales ante medios nacionales y locales, lo cierto es que hay una duda fundada: ¿fueron sus propios agentes quienes ultimaron a los pequeños de un tiro en la cabeza? ¿O fue, como dice la acusación forma, el propio Antonio Luna?
Ante la opinión pública Antonio Luna es inocente y los agentes de Zamarripa culpables. Así lo dejó ver Juana cuando acusó que policías le quitaron la pistola calibre 22 a su esposo, para momentos después, con los niños ya muertos, obligar a Antonio a que sujetara nuevamente el arma.
Aunque jurídicamente se demuestre lo contrario, la sentencia popular ya se dictó: la gente de a pie, basada en la conciencia colectiva formada por años de abusos policiacos, ya determinó quiénes son los buenos y quiénes los malos.
Por eso es importante que ante esta duda intervengan autoridades de un ámbito de gobierno superior. Sólo así se legitimará la actuación de los agentes de Zamarripa, o se comprobará la inocencia jurídica de Antonio Luna.
Hace unos días presenté en el Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que solicité respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de los niños de 4, 8 y 11 años.
La PGR tiene facultad para intervenir pues en la finca se encontraron armas y droga.
Además, está claro que como en muchas otras investigaciones de esta naturaleza, siguen existiendo fallas en el debido proceso por el abuso que cometen los elementos de las corporaciones policiales y muchos otros que constituyen una violación a los derechos humanos.
Por eso la importancia de que la PGR intervenga.
¡Nos leemos la próxima semana!
