Con la finalidad de reconocer a nivel Constitucional a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos pertenecientes al Estado de Guanajuato fue presentada una iniciativa de Ley para reformar la Constitución Local.
La propuesta aportada por el grupo parlamentario del PAN y la representación parlamentaria del PRD pretende que los citados grupos sean sujetos de derecho público, con personal jurídica y patrimonio propio.
En tribuna, el Diputado, Roberto Carlos Terán Ramos explicó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son fundamentales en México y Guanajuato, lo que demuestra la necesidad de protegerlos y reconocer sus derechos.
Señaló que, con base en el Censo de Población y Vivienda del año 2020, en el Estado de Guanajuato se tiene actualmente una población del 0.24 por ciento que habla alguna lengua indígena.
Mientras que son 10 los municipios del Estado de Guanajuato, donde poblaciones chichimecas, jonaz, otomí, pame, mazahuas, purépechas, entre oros residen y requieren der reconocimiento.
Esas poblaciones se encuentran dispersas en ciudades como: San Luis de la Paz, Dolores, Hidalgo, Comonfort, Apaseo el Grande, San Francisco del Rincón, Villagrán, Victoria, León y San José Iturbide, donde hasta 96 comunidades autóctonas conviven.
Mientras que en el caso de las personas que se auto adscriben como afromexicanas, en el Estado de Guanajuato suman unas 108 mil personas y es en la ciudad de León, donde se ubica la mayor cantidad con unos 47 mil individuos.
Pero también se han localizado personas con esta condición en otras localidades, como Celaya, Irapuato y Victoria refirió el legislador, quien apuntó que es necesario reivindicar sus derechos.
La reforma que se propone, como aclaró Terán Ramos busca ampliar la protección Constitucional de las personas que conforman estas comunidades y pueblos, además de armonizar los cambios en la Constitución Federal en materia de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.
Precisó que al elevar a rango Constitucional a estos grupos de la población se les reconoce como parte de la composición pluricultural y multiétnica del Estado, su existencia, composición, además de ser sujetos de derecho público.
La iniciativa fue turnada para su estudio y posterior dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales.
