Propone regidor candados biométricos a proveedores

El regidor de Morena Guillermo “Guillo” Medina Plascencia presentó el proyecto de decreto de reforma para el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Comodatos, y Contratación de Servicios.
Propuesta que ya fue presentada al Ayuntamiento y que pretende incorporar los datos biométricos en el Reglamento y en el Padrón de Proveedores del municipio de León, estableciendo su uso obligatorio en los procesos de contratación
El regidor subrayó que se hace con el fin de fortalecer la identificación de los participantes, así como de prevenir fraudes, duplicidades, mejorar la transparencia, seguridad y control de la administración pública.
“Esta propuesta surge de una convicción fundamental: cada peso que administra el Municipio pertenece a las y los leoneses, y por ello debe regirse por los más altos estándares de legalidad, transparencia, eficacia, honradez y rendición de cuentas. La administración pública tiene la obligación de garantizar que los recursos públicos sean ejercidos bajo principios que generen certeza jurídica y confianza ciudadana, por ello resulta indispensable fortalecer los mecanismos”.
Entre ellos, especificó el regidor, la validación y especificaciones de las personas físicas y morales que pretenden que sus servicios y productos sean contratados en el Comité de Adquisiciones.
La transparencia y correcta legalidad de los recursos públicos constituyen pilares de la actuación gubernamental y no debe permitirse indicio de corrupción o simulación corporativa.
“El uso indebido de los recursos públicos representa una amenaza directa al patrimonio municipal a la confianza de la ciudadanía y al estado de derecho; en este contexto resultan preocupantes los señalamientos públicos a la empresa Office and Publicity, la cual presuntamente habría participado en diversos procedimientos de contratación del municipio, recibiendo contratos por más de 7.3 millones de pesos, principalmente mediante adjudicación directa”.
En la presentación de su iniciativa, el regidor dijo que la información revela posibles inconsistencias respecto a su actividad comercial, capacidad operativa y la identidad de quienes aparecen como socios o representantes.
“Más allá de un caso particular, estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer nuestros mecanismos institucionales de verificación y control, para verificar que personas y empresas sin acreditación real puedan participar en procedimientos de contratación pública. La gravedad de estos señalamientos obliga, además, a revisar de manera integral las contrataciones realizadas con otros proveedores que pudieran presentar características similares”.
Lo anterior, a efecto de identificar posibles patrones de irregularidad, empresas sin capacidad operativa real, domicilios inexistentes, documentación apócrifa o esquemas de simulación para poder acceder a recursos públicos.
“Estas conductas generan riesgos severos de corrupción, desvío de recursos públicos y daños patrimoniales al erario, por eso resulta urgente fortalecer los mecanismos de verificación, control y fiscalización mediante herramientas tecnológicas que permitan detectar y prevenir estas prácticas antes de que los recursos públicos sean comprometidos; entre ellas destacan los datos biométricos, entendidos como información única e irrepetible”.