La obra de construcción de la Presa de el Zapotillo sigue parada desde hace tres años por lo que su costo paso de 7 mil millones a 20 mil millones de pesos, aseguraron los habitantes de Temacapulín uno de los pueblos que tienen 7 amparos ante la amenaza que representa el proyecto para sus comunidades.
Los representantes de las asociaciones civiles (Comité Salvemos Temacapulín, Acasio y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Colectivo de Abogados y Acción Colectiva) en rueda de prensa ofrecida en León señalaron que son las propias autoridades de los tres órdenes de gobierno las que por imposición ligada a intereses económicos insisten en que la dimensión de la presa sea de 105 metros lo que representaría un riesgo para los habitantes que viven en dichas comunidades.
“La obra está parada desde hace tres años, 3 años en los cuales las empresas continúan recibiendo su pago sin trabajar. Se niegan a dar marcha atrás porque esto sería una derrota política que no se atreven a asumir, pero lo cierto es que hay mucho despilfarro”, apuntó el abogado de los pobladores en defensa a los derechos de los habitantes Temacapulín, Guadalupe Espinoza.
AMPAROS
El litigante detalló que por lo menos los amparos tardarían en desahogarse dos años, sin embargo el proceso legal del proyecto de obra del acueducto seguiría su curso, lo que impediría que siguiera la construcción.
“Hay una resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quien nos da la razón (habitantes). Así que las autoridades mienten a los medios, a los leoneses porque en 20 años que tiene realizándose la presa no ha habido una gota de agua para León”, insistió.
Aseguró que la obra no tiene derechos de uso de suelo para la modificación que se pretende hacer para que la altura de la cortina de la presa sea de 105 metros, aun con el mandato de un juez, quien ordenó que fuera de 80 metros para que no hubiera afectaciones en las comunidades.
El integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Claudio Figueroa, señaló que es necesario que las autoridades y el propio diputado federal, Ricardo Sheffield impulsor del proyecto, expliquen a los leoneses ¿cómo se va pagará el agua? y ¿quiénes están realmente interesados en el proyecto y en el agua?
El activista dijo que existen varios estudios medio-ambientales que señalan que el volumen del agua que proyectan de 119 millones de metros cúbicos de agua para León y de 94 millones de metros cúbicos para Jalisco anuales, resultaría improbable que pudiera captarse el líquido vital como se proyecta se dé a gran volumen.
RESOLUCIÓN
Los activistas declararon que los litigios siguen su curso y otros se han sumado porque las autoridades no han acatado la orden del juez que es que la cortina de la presa sea de 80 metros, por lo que son las propias autoridades las que han trabado la obra a decir de los activistas.
El integrante de la Asociación Acción Colectiva en León, Gustavo Lozano, dijo que el agua no es para los leoneses, sino para las empresas en León.
“La relación entre capital y poder político parece haber debilitado tanto la voluntad como la capacidad de Sapal de responder a través de la aplicación e implementación de políticas sólidas al destino de la ciudad. La composición de Consejo Directivo explica mucho. De sus 17 sillas, 12 están ocupadas por personajes asociados a los intereses corporativos de las muchas de las empresas que utilizan y contaminan en sus procesos productivos (Cicur, Cámara de la Industria y la Curtiduría; Canacintra, Cámara de la Industria y la Transformación; Ciceg, Cámara de la Industria del Calzado; Canaco, Cámara Nacional de Comercio; Cmic, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Coparmex, Confederación Patronal en León, entre otros”, enfatizó.
INTERESES
Integrante del colectivo “Salvemos Temacapulín, Jesús Jáuregui, dijo que la insistencia tanto de las autoridades como de las empresas que construyen la presa en que la cortina sea de 105 metros, es el negocio que en ello implica una obra de mayor magnitud y mayor inversión.
“La obra sólo ha servido para enriquecer a las empresas, a los políticos, ha servido para almacenar dinero, y hoy vemos un negocio redondo en contra de los derechos de los habitantes”, criticó.
