La bancada del PAN en Congreso del Estado no ha logrado un acuerdo entre sus integrantes para definir una postura final, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó eliminar del Código Penal del Estado de Guanajuato, los castigos por la interrupción del embarazo.
La diputada, Susana Bermúdez Cano informó que el grupo parlamentario blanquiazul aún no se ha reunido para analizar el tema y definir la forma en cómo se abordaría la petición de la Suprema Corte, que se recibió el pasado 15 de diciembre de 2025.
“En la Comisión de Justicia se deberá de hacer el análisis, debido a que ahí le corresponde. Como grupo parlamentario de Acción Nacional no hemos tenido todavía una definición de lo que se va a realizar”, dijo.
Explicó que se tiene que analizar una reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato porque no puede quedar inaplicable la determinación del máximo tribunal del país que otorgó un plazo de 90 días hábiles para realizar los cambios legales necesarios.
El pasado 21 de diciembre de 2025, la Suprema Corte solicitó al Poder Legislativo Estatal eliminar de la legislación guanajuatense, las sanciones que actualmente se establecen para el tipo penal del aborto.
Ahora, el Congreso del Estado dispone de un plazo de 90 días hábiles para que proceda a realizar las modificaciones legales correspondientes y de esa manera cumplir con la determinación de la SCJN.
“Yo creo que definitivamente se tiene que analizar una reforma porque no puede quedar inaplicable por el tema que hemos discutido mucho y que creo que es el eje central, el tema de no permitir que ningún tercero obligue a una mujer a abortar”, afirmó.
Señaló que de lo que se trata es de establecer la garantía de sancionar a aquella persona que realice estos actos, por lo que primero se deberá iniciar el procedimiento parlamentario al interior de la Comisión de Justicia y luego llevarlo a la consideración del pleno.
La legisladora precisó que será la citada Comisión la que revise el tema y luego emitir un dictamen que deberá ser discutido y en su caso, aprobado por las y los diputados para atender de manera plena la petición de la Corte.
Apuntó que sus compañeros legisladores están obligados a atender una determinación de la Suprema Corte y ahí no cabe ni las posturas personales o de grupo, sino sencillamente cumplir y realizar las modificaciones legales que se han solicitado.
