Empresarios nacionales se encuentran divididos con los acuerdos firmados en materia de outsourcing con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En Guanajuato la Coparmex se manifestó en contra de las modificaciones que se pretenden iniciar en febrero en el Congreso de la Unión, pues se pone en riesgo a cerca de 250 mil empleos.

Esta semana en la firma del acuerdo estuvieron presentes Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Confederación de Trabajadores (CTM) y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quienes firmaron el acuerdo para dialogar y terminar con los esquemas de subcontratación y con las prácticas irregulares y perjudiciales para los trabajadores, denunció AMLO.

La titular de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer que son cuatro puntos que buscan regular en la subcontratación.

El primer punto es el compromiso de los empresarios para eliminar el abuso de la subcontratación. El segundo punto en análisis es sobre la repartición de las utilidades.

El presidente aplazó la discusión de la iniciativa hasta el mes de febrero del próximo año, y finalmente, el presidente hizo un llamado a las empresas para que dejen de darlos de baja de manera masiva en diciembre.

Se acordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el Infonavit y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vigilarán a las empresas, y en caso de encontrarse irregularidades se procederá administrativa o penalmente.

Sin embargo, algunos organismos no estuvieron de acuerdo, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes desaprobaron la iniciativa del Ejecutivo Federal debido a que pretende coartar la libertad de la subcontratación.

Agregaron que también atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

Enfatizaron que su aprobación en estos términos dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

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