Un juez federal del Penal del Altiplano ordenó las aprehensiones de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de supuestos desvíos por casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró los mandamientos de captura en la causa penal 314/2021, por solicitud de la Fiscalía General de la República, confirmaron allegados al caso.

Según autoridades consultadas, este asunto tiene su origen en una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos que la Segob, en tiempos de Miguel Osorio Chong, asignó sin licitación de por medio a empresas que luego habrían triangulado 2 mil 950 millones de pesos a «factureras».

Estas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos) o «factureras» estarían relacionadas con el despacho contable de Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión.

El 21 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Athié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Segob, en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.

En el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país, uno de los delitos imputados -la delincuencia organizada- prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide al imputado llevar su proceso en libertad, en caso de ser detenido.

Los problemas legales de Álvarez Puga no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En diciembre pasado Luis Eduardo Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel, presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión derivada de una investigación que estaba en curso por lavado de dinero, pero en ese momento la FGR reportó al juez que no había tal mandamiento de captura.

En el caso de Inés Gómez Mont, desde el 30 de noviembre de 2018, el último día del sexenio pasado, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el que la conductora de televisión pagaría 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios, a cambio de que fuera archivada una investigación de la SEIDO que fue abierta en su contra por una denuncia de defraudación fiscal.

Pero en la cláusula cuarta del documento, se pactó que este acuerdo sería válido hasta que fuera aprobado por la FGR y, ya con el nuevo gobierno, el 16 de enero de 2019 la FGR rechazó la oferta de Gómez Mont y lo calificó de «desproporcional», porque no había resarcido otra cantidad por 2 millones 604 mil 537 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Cuando la conductora de televisión pagó esta suma en una declaración fiscal complementaria, la FGR dijo que tampoco cerraría la investigación porque, más allá de que fuera denunciado un delito por fraude fiscal, lo que investigaba el Ministerio Público Federal era el ilícito de lavado de dinero. Gómez Mont presentó un amparo contra esa determinación y al final lo perdió en las dos instancias.

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