Durante una visita realizada por El Heraldo de León al albergue de la empresa agricola Agroverdi S.A. de C.V., ubicada en la comunidad El Ramillete, Dolores Hidalgo, se pudo constatar, a través de varios trabajadores y del encargado de Recursos Humanos, que el reciente operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue un «montaje».
Los jornaleros afirmaron que la intervención no tuvo como fin rescatarlos, sino que fue un pretexto de la autoridad para presuntamente robarles su dinero y pertenencias, desechando así la versión oficial sobre un “rescate por trata de personas.»
Edwin, quien labora en el área de reclutamiento de la compañía desde hace seis meses, relató una perspectiva distinta de los hechos.
Según su testimonio, la intervención de la fiscalía, supuestamente originada por una denuncia anónima, carecía de fundamento y las acusaciones de que los trabajadores eran retenidos por la fuerza son falsas.
El reclutador, originario de Puebla, explicó que la empresa se dedica activamente a la contratación de jornaleros de diversas comunidades pertenecientes principalmente a Guerrero y del Estado de México, a quienes se les ofrecen condiciones laborales que, aseguró, son dignas.
«Nosotros tenemos que ir a identificar e invitar a las personas de diferentes comunidades para que puedan acudir a trabajar, donde durante este proceso se hace en comunicación con las autoridades locales de dichas comunidades», especificó.
De acuerdo con Edwin, los trabajadores no están confinados ni se les obliga a permanecer en las instalaciones.
De hecho, muchos de ellos viven con sus familias dentro de los albergues proporcionados por la empresa, los cuales, afirmó, cuentan con servicios básicos, atención médica y hasta guarderías gratuitas para los hijos de los empleados, con desayuno, comida y cena incluidos para los menores.
El empleado de Agroverdi criticó la narrativa de «rescate», argumentando que no se presentaron pruebas contundentes ni entrevistas con los supuestos afectados que respaldaran la versión de la FGE.
«Para decir que aseguraste a una persona es como tú por ejemplo, tu puedes decirme: ‘yo entrevisté a 20 personas’, pero a ver, enséñame dónde están tus 20 entrevistas», cuestionó.
Asimismo, señaló que tras el operativo, los propios trabajadores manifestaron su descontento, exigiendo la devolución de su dinero y pertenencias, que habrían sido tomados durante los cateos.
La tensión entre los trabajadores y las autoridades ministeriales quedó documentada en videos grabados por los propios jornaleros el pasado lunes 14 de julio, durante una segunda visita de la Fiscalía al albergue.
En el material, mostrado a El Heraldo de León, se aprecia cómo los empleados encaran a un agente de la Fiscalía, quien, lejos de atender sus reclamos colectivos, los retó a presentar sus denuncias de forma individual.
Edwin también enfatizó la incredulidad de que en las camionetas de la fiscalía pudieran caber las 700 personas que se dijo fueron rescatadas, y el hecho de que, en una visita posterior de autoridades, los vehículos se retiraron vacíos, ya que ningún trabajador accedió a irse con ellos.
El caso ha generado desconfianza hacia las autoridades entre los trabajadores y la empresa, pues temen que la narrativa oficial afecte la reputación de Agroverdi y ponga en peligro su única fuente de ingresos.
Este resultado, lejos de aclarar un delito, pone en duda si la acción de la fiscalía tuvo otros fines, más allá de la procuración de justicia.
