Luego de que un juez federal impusiera una multa por 10 mil 857 pesos tanto a la gobernadora del estado, Libia García, como a cada diputado que aprobó el presupuesto de egresos, sin considerar recursos para el Fidesseg, se reaviva el tema de la “papa caliente” que el exgobernador dejó entre su sucesora, los empresarios y las asociaciones civiles.
Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, habló para El Heraldo y señaló que nunca se pensó llegar a esto, pero al parecer, a los empresarios, “no les quedó de otra”.
“La verdad es que un juez federal, en el dictamen de la suspensión provisional, les había notificado a los diputados y a la gobernadora que se reservaran los recursos del Fidesseg. No hicieron caso y pues ahora, se tiene como consecuencia una multa”, explicó.
Detalló que lo importante es que todos tenemos que apegarnos al estado de derecho y que no se nos debe olvidar que “nada ni nadie, por encima de la ley” y que esa multa es la consecuencia de no haber acatado esa resolución judicial.
Compartió que la cifra de la multa por persona puede considerarse como simbólica pero que el tema no es la cantidad sino el hecho de haber pasado por alto lo que el juez les advirtió.
‘El dictamen fue del noveno juez de distrito pero a la gobernadora y a los diputados no les interesó; además, nosotros también se los notificamos. Mandamos un escrito al congreso y les dijimos: ‘Señores, está esto’. Lo sabían todos, porque les mandamos el escrito a todas las fracciones y al presidente del congreso”, aclaró.
Explicó que la multa es para todos los diputados del PAN y uno del PRD que aprobaron el presupuesto de egresos en el que no se tomó en cuenta asignar recursos al Fidesseg.
Subrayó que ahora deberán pagar su multa y que el juicio sigue avanzando.
“Hoy ya tenemos la suspensión definitiva; se van a pedir informes al Congreso y al fiduciario sobre a dónde y cómo se fueron esos recursos; porque lo tienen que informar. Ya lo habían solicitado también los jueces y fue cuando el fiduciario dio aquella cifra de que había de, si mal no recuerdo, como 180 millones de pesos” recordó.
Pidió dejar en claro que el sector empresarial siempre estará dispuesto a dialogar.
“Siempre estamos para sumar; para coadyuvar y para proponer y junto a nuestras autoridades, construir un mejor Guanajuato”, destacó.
Reiteró que su objetivo es defender a los más vulnerables del estado y que este recurso; su origen propósito y destino, siempre se conserve como se acordó en su momento.
Acotó que no existe una fecha para una reunión con las autoridades pero externó que si les mandan llamar, ahí estarán.
“Siempre estaremos dispuestos a conciliar, a negociar, a buscar lo mejor para esos guanajuatenses más vulnerables”, recalcó.
Definió como histórico el hecho de haber tenido que ampararse ante este acto de la autoridad que calificó como arbitrario.
Reiteró que aunque no se vislumbra un encuentro en fecha cercana con la autoridad, los empresarios están dispuestos a participar en lo que los requieran.
“Estamos listos a sentamos a platicar y a encontrar el mejor camino. Creo que si algo tengo claro es que ambos queremos llegar al mismo destino, nada más que por caminos diferentes y eso es lo que hoy tenemos que sentarnos a platicar y ponernos de acuerdo. Se trata de buscar el bien de los más vulnerables del estado”, destacó.
Compartió que con ambas voluntades dispuestas a escuchar y negociar, este es un asunto que se resuelve “en media hora”.
Se mostró extrañado de que luego de 30 años de coadyuvancia entre los gobiernos panistas y los empresarios de Guanajuato, en estos momentos se viva esta situación.
