El gobernador del estado, Miguel Márquez, tiene ya definido su futuro político a pesar de que existen personajes en el partido que todavía tienen la veladora puesta en espera de un cambio de señal para el relevo en el Poder Ejecutivo del Estado, derivada de lo que pase con Ricardo Anaya y la candidatura presidencial del 2018.
Esta semana reiteró públicamente lo que había declarado hace tres semanas respecto a sus aspiraciones a la candidatura a la Presidencia de la República: no va en su búsqueda a pesar de que Miguel Ángel Mancera y el PRD lo apoyan como la opción más favorable para encabezar la coalición.
Y es que Miguel Márquez es la opción número dos para la candidatura presidencial porque en el PRD no quieren a Ricardo Anaya, por eso el acuerdo del frente por abrir el proceso a una posible elección interna, pero el gobernador de Guanajuato se ha sostenido en mantener su respaldo al presidente nacional del PAN.
En el círculo cercano del gobernador del estado están claros de que se quedará a concluir su gestión en Guanajuato porque tampoco quiere ir a encabezar el Comité Ejecutivo Nacional de su partido ni ir a coordinar la campaña a la Presidencia de la República con Ricardo Anaya al frente.
A pesar de estas señales que ha mandado, algunos panistas no están muy convencidos porque tienen ambiciones propias como es el caso de un legislador, quien ha buscado el apoyo del PRI y el PVEM para alcanzar el nombramiento como gobernador interino, si Miguel Márquez es obligado por el PAN nacional a reforzar la candidatura de Ricardo Anaya o hasta la propia.
Hay otros dos elementos que se definen con la decisión de Miguel Márquez de quedarse a concluir su gestión como gobernador del estado, la primera, tiene que ver con la definición de que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sea el candidato del PAN a la gubernatura; y la segunda, que Héctor López Santillana sea el candidato designado para buscar la reelección en León.
De rebote, la presencia de Miguel Márquez en Guanajuato eliminaría toda posibilidad de que los candidatos a la gubernatura y a la presidencia municipal de León sean personajes distintos a los que están perfilados desde hace varios meses en el PAN. Será muy complicado operar en su contra porque mantendría el control sobre el gobierno.
Por eso, esta semana también se ventiló el amague de que otros aspirantes a la gubernatura y a la alcaldía de León buscarían acercamiento con otros partidos políticos, como por ejemplo el PVEM, para salir del PAN y encabezar otro proyecto político, situación que es posible pero poco probable.
La efervescencia política en el PAN de Guanajuato seguirá creciendo a pesar de las definiciones y señales que ha mandado Miguel Márquez a sus más cercanos colaboradores, aunque algunos crean todavía, a estas alturas, que emprendería una aventura política en el plano nacional.
INICIATIVA
En viernes, durante la ceremonia de entrega del Premio de Derechos Humanos 2017, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado al Senado para que escuche todas las voces de la sociedad y expertos, y enriquecer la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior luego de la controversia que se ha generado sobre su contenido, donde hasta hubo reacciones de organismos internacionales.
Unos días antes, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, Fernando Torres Graciano, urgió a aprobar la Ley de Seguridad Interior porque daría certeza jurídica a la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.
Explicó que había diferencias entre las iniciativas de seguridad interior y la de seguridad pública, lo cual distorsionaba el debate público sobre el tema y advertía que era necesario que los legisladores convocaran a los especialistas, a los defensores de derechos humanos, académicos, entre otros actores sociales, para que aportaran sus propuestas y se acelerara la aprobación.
Desde su punto de vista, faltaba que se definiera el alcance de la presencia de las fuerzas armadas en momentos estratégicos, los protocolos de actuación y mayor claridad en sus funciones, además de que faltaba que las autoridades civiles asumieran su responsabilidad en materia de seguridad pública; la nueva Ley de Seguridad Interior aportaría elementos para esta indefinición.
El sector patronal también emitió una postura sobre la iniciativa de Ley y planteaba las dudas que surgieron sobre la iniciativa respecto a la conveniencia o perjuicio de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que por ley le corresponden a las autoridades civiles, quienes no han podido contener la delincuencia y violencia que azota al país.
El señalamiento del sector privado, a través de la Coparmex, fue muy duro: ya es una década desde que inició la militarización del país y no han sido suficientes para reconstruir el sistema de seguridad pública, a pesar de la inversión millonaria que se ha hecho. No se ha dignificado a los policías ni se les han dado prestaciones acordes a su trabajo, ni siquiera un salario digno, mientras los gobernantes se han enriquecido y despreocupado por atender su responsabilidad.
Quizás la llamada de alerta más evidente ha venido también del exterior, de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para recordar a los mexicanos los riesgos y experiencias que han tenido quienes siguieron el camino de la militarización.
A un año del llamado de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se definiera un marco legal para su actuación, el Congreso de la Unión ha sido incapaz de sacar adelante la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer el Mando Mixto, y se enfocaron en atender la urgencia de una Ley de Seguridad Interior, previo a un proceso electoral que será complicado.
La reflexión final sobre este asunto, la planteó un experto en seguridad pública, Saúl Palacios Pámanes, quien elaboró un proyecto para la reingeniería de la policía de León y que no ha sido aún contratado por el municipio, en una mesa con representantes de la sociedad civil el jueves y viernes pasados.
Explicó, que la Ley de Seguridad Interior no contempla un tiempo determinado para obligar a las autoridades civiles a construir sus propios modelos de seguridad ciudadana, por eso han recurrido al ejército y las policías militares para suplir sus tareas, y que el riesgo que se corre es que el crimen organizado termine por corromper, como lo ha hecho con las policías locales y federales, a las fuerzas armadas. Ahí no habría vuelta de hoja, independientemente de los factores de riesgo en materia de derechos humanos asociados a la participación del ejército en las calles.
COMISIÓN
El Consejo Directivo de Sapal creó una comisión interna para revisar la propuesta que hicieron los integrantes del Ayuntamiento respecto a eliminar la tarifa preferencial de pago por consumo de agua potable a los directivos del organismo, porque éstos se niegan a renunciar a la prestación a pasar de que reciben pagos por salario superiores a un millón de pesos anuales.
La revelación de que uno de los principales directivos del organismo paga únicamente 64 pesos por el consumo de agua potable, cuando el resto de la ciudadanía paga en promedio 214 pesos, y quienes consumen la tarifa mínima 117 pesos, generó críticas en el seno del Ayuntamiento por parte de los representantes del PAN, PRI y PVEM porque reprobaron que la prestación favoreciera a los altos funcionarios de Sapal.
De acuerdo con la versión que ofrecieron algunos consejeros que participaron durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de Sapal, de este viernes, el presidente del organismo, Pedro González García, trató de impedir que uno de los regidores del PAN, José Luis Manrique, subiera el tema en asuntos generales.
La respuesta que le habrían dado al regidor panista era que, como había un nuevo reglamento, tenía que notificar previo a la sesión los asuntos para ser discutidos en asuntos generales. El regidor tenía bajo el brazo la propuesta de eliminar el privilegio a los directivos de pagar el agua a medias, y logró ponerlo a debate.
La opinión de los consejeros se dividió, porque de un lado había quienes buscaban proteger al directivo ventilado en los medios de comunicación por pagar 64 pesos por el consumo del agua, al justificar que era una prestación que tenía más de tres décadas aplicándose, y del otro lado, había otros consejeros que piden se revise el asunto, porque no es ético que tengan esta prestación cuando reciben un sueldo millonario cada año, el cual se obtiene de las mismas tarifas que pagan los ciudadanos.
A final de cuentas, el tema fue abordado durante los asuntos generales, y ahí se acordó que serían los integrantes del Ayuntamiento que participan en el Consejo Directivo de Sapal, quienes encabecen la mesa de trabajo para revisar el contrato colectivo que tienen firmado el organismo y el sindicato.
El representante sindical y consejero de Sapal, Hugo Varela Flores, será otro de los integrantes que participe en la revisión de este asunto, donde ha adelantado que defenderá el derecho de los trabajadores de base para evitar que pierdan este beneficio.
Las autoridades municipales quieren que se revise el contrato colectivo de trabajo para quitar los privilegios a los directivos del organismo, y si no logran que el Consejo Directivo apruebe los cambios, se buscará otra vía legal, vía Acuerdo del Ayuntamiento, para erradicar cualquier concesión a costa de lo que pagan los leoneses a Sapal.
El asunto más crítico es que los directivos que encabezan el organismo no tengan la suficiente sensibilidad social para entender que esta denuncia que hicieron los propios ciudadanos es muestra del hartazgo hacia cómo se maneja un organismo como Sapal, y que corrobora la percepción que tienen los leoneses sobre la forma en que se dirige la institución: sin sentido social y con una feroz voracidad económica.
El relevo del Consejo Directivo de Sapal será en marzo próximo, cuando vence el segundo periodo de Pedro González García, y quienes lleguen tendrán mucha tarea para revisar lo que ahí se ha hecho, en especial, en el manejo de recursos, de acuerdo con las versiones de los propios consejeros, quienes no están satisfechos con la resistencia de los directivos a renunciar a privilegios y ajustarse a las tarifas que pagan el resto de los ciudadanos.
