El viernes pasado, sin aviso previo, el titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, convocó al gobernador del estado, Miguel Márquez, quien junto con el alcalde Héctor López Santillana; el director de Sapal, Leonardo Lino Briones y la titular de la Comisión Estatal del Agua, María Concepción Gutiérrez García acudieron a las oficinas centrales del organismo federal.
Al salir de la reunión, los funcionarios municipales y estatales habían cancelado sus agendas programadas con anterioridad, el gobierno de Guanajuato informó que en la reunión se dio seguimiento al proyecto del acueducto de El Zapotillo.
Sin entrar en detalles y hasta ocultando la información, se indicó que los tres órdenes de gobierno habían tomado la decisión de continuar con el proyecto a pesar de la situación que enfrentaba Abengoa, no precisaron a qué se referían, y el impacto en la concesión del acueducto. Lo único que se ventiló era que se analizaban las acciones legales conducentes en relación con el proyecto.
Además se agregó en el comunicado oficial que en tanto se concluía el proyecto y el análisis, se revisarían soluciones temporales e inmediatas para atender las necesidades de abastecimiento de agua para la ciudad, y que posteriormente, se darían las soluciones para la conclusión del proyecto.
El lunes se haría oficial en la Bolsa Mexicana de Valores lo que ocultaron las autoridades federales, estatales y municipales el viernes anterior, una vez que Abengoa comunicó a sus inversionistas que había notificado ese mismo día, el 25 de agosto, a Conagua que su filial, Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, había presentado escrito de renuncia sin responsabilidad a la concesión a su favor para la construcción del acueducto y que había recibido el 14 de octubre de 2011. La concesión tenía una duración de 25 años.
Este hecho representaba la conclusión de una larga crónica anunciada y que estaba derivada, por un lado, de la falta de derechos de vía para la construcción del acueducto, como reclamó la empresa al gobierno federal, y por otro, de la situación financiera que enfrentaba la empresa, tras recurrir al concurso mercantil en diciembre de 2016, lo que impedía que se le siguieran depositando recursos para el proyecto.
Esta situación ya había sido advertida por el diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, quien denunció en múltiples ocasiones el pasmo en que estaban las autoridades municipales y estatales frente al gobierno federal una vez que se había retrasado y encarecido el proyecto. De nada sirvió que en Jalisco hace poco más de un mes, un organismo internacional favoreciera la continuidad del proyecto al recomendar la construcción de la cortina de la presa a una altura de 105 metros como originalmente contemplaba el proyecto.
Las organizaciones no gubernamentales que defienden el derecho del agua en Jalisco también habían apuntado sus señalamientos a la frágil condición financiera y económica de Abengoa, y hasta advirtieron lo que sucedería con muchos meses de anticipación a los hechos que se hicieron oficiales este viernes.
Hasta el regidor del PAN, José Luis Manrique, calificó como desastrosa la situación porque deja en la incertidumbre la realización de un proyecto que garantizaría agua para 1.5 millones de leoneses en los siguientes 25 años. Nunca se hizo caso a las advertencias que se hicieron sobre este tema y no se sabe cuál será el alcance de esta situación. Originalmente, el proyecto debió haber estadio concluido en julio de 2018.
La filial de Abengoa tendría que construir el acueducto de 140 kilómetro de longitud y un macrocircuito de 40 kilómetros en León pero los avances de la obra fueron incipientes dada su situación financiera. No se avanzó en las estaciones de bombeo, la planta de tratamiento, el tanque de almacenamiento y el circuito de distribución en la ciudad.
Apenas a finales de mayo de este año había alcanzado un acuerdo con Prana Capital, fondo del Grupo Artha (fondo de pensionados mexicanos), para dar un nuevo impulso al proyecto; este grupo invertiría en el desarrollo del proyecto y Abengoa mantendría el 20 por ciento de la propiedad del proyecto y continuaría a cargo de la ingeniería y construcción.
Aunque el acuerdo entre Abengoa y Prana Capital estaba supeditado a algunas definiciones claves entre Conagua, Banobras y Sapal, entre ellas los derechos de vía por donde pasaría el acueducto, tema que se presume nunca fue resuelto por el gobierno federal.
Sapal, organismo técnico y quien tiene más de mil millones de pesos reservados para el proyecto en sus cuentas bancarias, mostró su pasmo ante esta situación y ha cerrado la llave para informar a los ciudadanos, la situación real del proyecto.
POBREZA
El Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, José Gerardo Morales Moncada, dio un adelanto de los resultados que presentará en breve el CONEVAL, organismo que evalúa y mide los índices de pobreza en México, y en donde 211 mil guanajuatenses salieron de la pobreza extrema, entre 2014 y 2016.
De acuerdo con los indicadores que tiene el funcionario estatal, salieron de rezago educativo 177 mil personas; de carencias de servicios de salud 291 mil personas; de falta de acceso a seguridad social 323 mil personas; de falta de espacios de calidad en vivienda 99 mil personas; de carencias de servicios básicos 79 mil personas y de carencias por acceso a la alimentación 454 mil personas.
En general, la medición pobreza entre 2014 y 2016 mostró que en Guanajuato se disminuyó el número de pobres en un 4.4 por ciento, lo que representa alrededor de 193 mil personas aunque el dato más significativo es que fueron 211 mil personas las que salieron de la extrema pobreza, índice que se compone de dos carencias básicas más la alimentaria.
El pronóstico que tiene Morales Moncada es que en la evaluación del 2018, y que sería presentada en 2019, se van a notar más los resultados de la estrategia de Impulso Social, que arrancó en abril del 2016 y en donde hasta la fecha se han invertido más de 5 mil 100 millones de pesos para atender a un millón de personas que viven en 339 polígonos de marginación en los 46 municipios del estado.
Esta pendiente la presentación que hará el Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano que identificó 18 indicadores derivados de las carencias que mide el CONEVAL y que van a permitir tener un detalle más preciso sobre donde hay que dirigir las políticas públicas para sacar a más guanajuatenses de la pobreza.
El nuevo titular de la dependencia estatal no echó campanas al vuelo pues reconoció que aún hay otros 2 millones 489 mil guanajuatenses en situación de pobreza, de los cuales 257 mil están en condiciones de pobreza extrema, que es necesario atender con políticas públicas de largo plazo y que estén dirigidas a ofrecer las oportunidades de desarrollo que hoy no se tienen.
ANTICORRUPCIÓN
El Presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez, se sumó ayer al posicionamiento de los organismos de la sociedad civil que se oponen al pase automático en el nombramiento que hará el Senado de la República del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, como nuevo Fiscal General.
Ayer, el titular del organismo patronal en León y municipios dentro de la zona metropolitana planteó que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es lo que llamó una galopante corrupción e impunidad que impera actualmente en México y que se agrava todos los días con el alza de los índices delictivos y de violencia.
Entre las cifras que mostró están que México es el primer lugar entre las naciones de América Latina en impunidad y el cuarto a nivel mundial, solo detrás de países como Filipinas, India y Camerún. Esta situación tiene bastante preocupados a los empresarios mexicanos que están inscritos dentro de la Coparmex.
Las repercusiones de la impunidad que priva en el país es que hay un efecto cascada que propicia el estancamiento de la inversión y el crecimiento económico, que las actividad comercial no crezca y que las oportunidades de empleos bien remunerados sean nulas.
Bajo este contexto, el dirigente de la Coparmex Zona Metropolitana de León plantea que para combatir la impunidad a nivel local, el sector patronal ha puesto especial atención a las iniciativas como la “Ley 3 de 3” y su campaña “Yo no doy mordida”, que promueven los jóvenes empresarios.
Adicionalmente, el sector patronal busca con los legisladores del Congreso del Estado que se instrumente adecuadamente el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde han hecho llegar sus observaciones respecto a la necesidad de incorporar la participación ciudadana en la definición de los órganos que darán sustento a las reformas secundarias así como en la integración de un perfil autónomo e independiente de quien encabece la Fiscalía Anticorrupción. Esta última será derivada de la Fiscalía General del Estado.
La línea de Coparmex a todos los centros patronales en el país es que apoyen el movimiento nacional contra el pase automático del titular de la PGR como nuevo Fiscal General, a su vez esta postura tendría que mantenerse en las entidades, donde también se tendría que nombrar en corto plazo a sus dos fiscales, uno general y otro anticorrupción.
El argumento central es que ante décadas de impunidad en el país, es necesario disponer de una fiscalía autónoma, capaz e independiente, ajena a los partidos y sin tintes políticos. En el caso de la PGR, el titular tiene bastante cercanía al PRI-Gobierno pues incluso participó como abogado del partido en el proceso electoral del 2012 para luego saltar al gabinete federal, además que mantiene una relación de parentesco con funcionarios públicos del PRI.
En el caso de la Fiscalía nacional y la local, el sector patronal va a insistir en que se tenga una institución transparente, sin ataduras, más cercana y sensible a las víctimas y que se enfoque a constituir una actuación profesional y con mejores herramientas para investigar y perseguir los delitos.
