Al expresidente Vicente Fox se le soltó la lengua, durante su participación en la Asamblea-Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el Poliforum León, y ante más de 600 participantes sugirió pactar o negociar con los cárteles de la droga en México, para reducir la violencia junto con la legalización exprés del uso medicinal y recreativo de la marihuana.
Su ponencia fue la primera del programa oficial de conferencias del encuentro de los contadores públicos y durante más de una hora, abordó temas relacionados con el modelo de desarrollo que necesita México tras décadas de bajo crecimiento económico; la situación política interna y su opinión sobre quién podría ganar la elección presidencial en el 2018; sus reflexiones y experiencias como Presidente de la República; la relación de México con Estados Unidos y la forma de gobernar de Trump; las amenazas e incertidumbres que se ciernen sobre México; las megatendencias del futuro en materia de tecnología, educación, comercio, entre otros y finalmente sobre los dos problemas que definió como el cáncer que padece el país, como es la violencia y la corrupción.
Precisamente en este último punto, fue donde definió su posición respecto a que puede ayudar al país a reducir la violencia ante los embates del presidente Trump, que ha extendido la mala imagen de México en el mundo con la construcción de su muro.
Los llamó tumores cancerosos porque tienen en situación grave al país, la violencia y la corrupción; la primera ligada al tráfico de las drogas y la operación de un mercado ilegal, que deja ganancias de más de 55 millones de dólares de los cárteles en México.
Planteó que era necesario extirpar este tumor, porque causa un daño a otros ámbitos de la vida económica y social de México, situación que hasta es aprovechada por el discriminador de Trump, quien acusa a los mexicanos de violentos, de criminales. Se dijo ofendido, al igual que muchos ciudadanos de las acusaciones del presidente de Estados Unidos por la violencia que vive nuestro país.
Mi propuesta, apuntó Vicente Fox, es legalizar la marihuana y consolidar una comisión de Estado, para negociar con los cárteles de la droga, por la vía rápida y no esperar como en el caso de la reforma energética que tuvieron que pasar 18 años antes de que se aprobara, lo que significó una pérdida de tiempo para el país. Estos mecanismos son la única opción si realmente las autoridades buscan revertir la violencia que se registra actualmente.
Las decisiones son de fondo y llamó primero al Congreso de la Unión, para que se legalice el uso medicinal y recreativo de la marihuana, para evitar pagar las consecuencias que hoy se viven con la violencia que generan los cárteles de la droga. Ejemplificó que en otras partes del mundo ya se ha despenalizado el uso de la marihuana y no ha pasado nada, hay una disminución en el consumo y en la criminalidad.
Explicó que quienes ahora representan a los cárteles de las drogas, pueden convertirse en empresarios, en hombres de negocios dentro de la legalidad, y se les arrebatarían los 55 mil millones de dólares que recoge el crimen organizado en el país.
Que la comunidad de criminales se conviertan en empresarios y el dinero ilegal de sus actividades pase a las arcas públicas, y que la ciudadanía se le deje elegir libremente, porque en las regiones donde se legalizó la droga, en ninguna creció el consumo, sostuvo frente a los contadores públicos que siguieron atentos a sus planteamientos.
En este sentido dijo que el mecanismo para pactar con los criminales, que sea una Comisión de Estado, como la que formó el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari cuando se registró el levantamiento armado en Chiapas. Ese instrumento de política pública ayudó a resolver el problema de largo plazo, lo facilitó, según Vicente Fox.
Ya en el pasado, el Subsecretario de Agronegocios de la Sagarpa en la administración de Felipe Calderón, de nombre Jeffrey Mas Jones, (antes había sido senador por el PAN y en representación del estado de Chihuahua), había dicho a los productores agrícolas que aprendieran del esquema de comercialización del narcotráfico.
Esta declaración le costó el cargo público, a pesar de la cercanía que tenía con la entonces poderosa Jefa de la Oficina de Los Pinos, Patricia Flores, y de la defensa que hizo el PAN para que no fuera despedido de la dependencia federal.
Seguramente habrá expresiones de rechazo al planteamiento de ex presidente, porque pierde de vista que no solamente está detrás del crimen organizado una estructura financiera, que mueve los hilos del poder, ilegal o no, sino que además esta actividad acostado la vida de miles de personas en México, producto de la violencia, y de otras miles más que cayeron en la adicción de las drogas.
Y uno que le podría contestar de inmediato es el presidente de Estados Unidos, con quien trae pleito casado, quien ayer en un evento público alertó sobre el cruce de drogas por la frontera de México, y que terminan en las calles, pues quitaron la vida el año pasado a 64 mil estadounidenses.
Ni que decir de las organizaciones de familiares de las víctimas de la violencia en México, en especial de aquellos que están desaparecidos por causa de la guerra de los cárteles de la droga. Tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron más de 100 mil muertes derivadas de la violencia que genera el narcotráfico.
REMOCIÓN
La diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, tiene preparados dos golpes certeros a los panistas que mantienen su ofensiva, para sacarla de la jugada política en el 2018 y seguramente no le harán nada de gracia a legisladores y autoridades estatales.
Primero tiene programada la entrega de una petición formal al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, para iniciar un procedimiento de destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado, por haber contratado a una persona, para ocupar un cargo directivo cuando estaba inhabilitado.
También va a solicitar al legislador Ramírez Barba que se inicie un procedimiento contra del Director General de Auditoria y Cuenta Pública, porque en su desempeño en el cargo anterior en el Instituto Nacional Electoral, el órgano interno de control le impuso dos sanciones de inhabilitación, y aun así fue contratado, para desempeñar un cargo público cuando la ley lo prohíbe expresamente.
Entre los argumentos legales que invoca la legisladora federal del PRI, para solicitar el procedimiento de remoción previsto en la fracción IX del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, están que tanto el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, como el Director General de Auditoría y Cuenta Pública, no cumplen con los criterios que marca la ley para desempeñar el encargo dentro de la administración pública.
En el caso de Tomas Hernández Gaytán, quien está a cargo de la Dirección General de Auditoría y Cuneta Pública, el documento que será entregado al Congreso del Estado, indica que tiene vigentes dos sanciones de inhabilitación, por haber incurrido en negligencia administrativa, las cuales pueden ser consultadas en el portal de la Secretaría de la Función Pública federal. Aún así, fue contratado por el Auditor Superior del Estado de Guanajuato.
La ley señala que son causas de remoción del titular del órgano de fiscalización del estado, haber actuado con parcialidad al nombrar a Hernández Gaytán, aún a sabiendas que tenía dos sanciones administrativas en su contra, cada una por cinco años, y que no fueron tomadas en cuenta.
El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, fue notificado hace una semana por la legisladora Botello Santibáñez, de que había incurrido en una irregularidad administrativa, aunque negó que la contratación de la persona señalada hubiera constituido un acto ilegal.
Incluso defendió en un desplegado público que el nombramiento del Director General de Auditoría y Cuenta Pública fue avalado, por el Congreso del Estado y que tenía impugnado el proceso del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral ante la Corte, respecto a las dos inhabilitaciones, y que todavía no se emitía una resolución al respecto.
Por otra parte, este viernes también se interpondrá una denuncia ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, cuya titular es Isabel Tinoco, para que se investigue al Auditor Superior del Estado y al Director General de Auditoría y Cuenta Pública, por incurrir en causas graves en el desempeño de sus respectivos cargos según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para el Estado de Guanajuato.
En el texto de la denuncia se subraya la petición de que ambos funcionarios sean destituidos de sus cargos y se proceda a instaurar, y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por haber incurrido en una grave violación de la ley, por las mismas causas que se solicitó al Congreso del Estado la remoción de sus cargos.
PUNTO
El Grupo Parlamentario del PAN presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, una propuesta de Punto de Acuerdo para que se instruya a la Auditoría Superior del Estado, a integrar el expediente relativo a la auditoría integral practicada a la pasada administración municipal de León, y se entregue a la Auditoría Superior de la Federación para que se pronuncie ante el Ministerio Público Federal, sobre las presuntas irregularidades que fueron detectadas por el órgano de fiscalización local.
La Auditoría Superior de la Federación supervisa y revisa la aplicación de los recursos federales destinados al municipio de León, y la Auditoría Superior del Estado tiene la misma función respecto al ejercicio de los recursos estatales, que autoriza el Congreso del Estado.
El pasado 24 de octubre, el Congreso del Estado solicitó al Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Navigio Agustín Gallardo Romero, un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la pasada administración municipal de León.
La respuesta de la fiscalía especializada fue que derivado de las auditorías aplicadas y turnadas a esta instancia, se había ejercitado acción penal en los casos relacionados a seis denuncias por la probable comisión de delitos. Además se habían girado las órdenes de aprehensión contra el ex Tesorero, el ex Director de Movilidad, y se había dictado auto de formal prisión contra diversas personas implicadas, junto con la presentación de solicitud de desafuero contra quien fuera la ex alcaldesa y actual diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez.
Además se agregaron siete denuncias respecto a la obra del bulevar Delta, Timoteo Lozano, tramo Delta a bulevar Atotonilco, y que se remitieron a la Procuraduría General de la República en razón de que ahí, se aplicaron recursos públicos y que faltaba que se emitiera una respuesta. En este caso, se responsabiliza al Director de Obra Pública de haber asignado de manera directa, la obra por un monto superior a los 49.5 millones de pesos.
Este jueves, la fracción del PAN en el Congreso del Estado se pronunció porque se agilice la entrega de información a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que agilice las denuncias ante el Ministerio Público Federal, ya que las presuntas irregularidades que detectó el órgano de fiscalización del estado corresponden al uso de recursos que envío la federación.
Los legisladores panistas Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Villegas Nava, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Juan Carlos Muñoz Márquez y Juan Carlos Alcántara Montoya, fueron quienes dieron a conocer la propuesta del Punto de Acuerdo, porque según ellos falta investigar más el caso y sancionar a quienes hayan cometido algún delito derivado de las auditorías.
La cuestión de fondo en este tema que plantea el PAN es que la Auditoria Superior de la Federación auditó los ejercicios 2012 a 2015 de la administración de Bárbara Botello Santibáñez, y no detectó una aplicación ilegal de los recursos federales asignados en León. Falta ver si se reabre la investigación federal en un asunto que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
