REVELACIONES
El procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, hizo nuevas revelaciones sobre el caso del asesinato de los tres menores de edad en una finca de San Miguel de Allende a la periodista Carmen Aristegui, entre ellas y las más importantes es que se tiene una investigación abierta contra el dueño del predio que rentó uno de los tres inmuebles y donde estaba el grupo armado que enfrentaron seis elementos de la Policía Ministerial; que el padre de los menores no formaba parte de ese grupo y que sostiene la creencia de que el papá los asesinó para evitar que fueran los criminales que estaban en el lugar.
El 15 de enero, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que durante la intervención de un inmueble ubicado en la comunidad Ampliación Cieneguita, en los límites de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, habían tenido un enfrentamiento con un grupo armado y que había capturado a un multihomicida.
Que se había logrado detener a una persona que accionaba un arma de fuego y que se encontraba con su esposa, quien había señalado a los elementos que también iba a ser privada de la vida y que él era quien había privado de la vida a sus tres hijos de 4, 8 y 11 años de edad. El 20 de enero, el padre de los menores fue vinculado a proceso como presunto responsable del homicidio en grado de parentesco de sus tres hijos y por intento de homicidio de la madre, una vez que se desechó por la Juez de Control la tentativa de homicidio de cinco elementos de la Policía Ministerial.
Se agregó que se había asegurado armas largas de grueso calibre, armas cortas y drogas, a lo que ayer sumó que también vehículos robados.
En la entrevista concedida a la periodista, ratificó su versión sobre los hechos y sumó otros elementos importantes dentro de la carpeta de investigación, una vez que se decretó la legalidad de la captura, como dos disparos que había hecho el presunto responsable del asesinato con un arma calibre .22, como quedó consignado en la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía estatal la Juez que lleva el caso.
Detalló que había tres inmuebles dentro del predio y que en uno de ellos estaban los padres con sus tres hijos, que los elementos ministeriales habían realizado disparos al aire y que cuando dos elementos ingresaron fueron recibidos con dos disparos; ahí encontraron a los tres menores muertos con un disparo en la cabeza y que las pruebas de balística indicaban que el arma utilizada era la misma que se quitó al padre.
Que el grupo armado tenía varios días que habitaba uno de los tres inmuebles, y que ahí había sido el enfrentamiento de varios minutos; que efectivamente, la versión de la madre otorgada a los medios de comunicación era distinta a la ofrecida ante el Ministerio Público que se hizo cargo del asunto y que la defensa del imputado no aportó, durante el proceso de vinculación, ninguna referencia a esta prueba que desdice la versión ofrecida por los agentes ministeriales y los fiscales.
Otro elementos que aportó es que hasta ahora, el presunto responsable no ha ofrecido su declaración sobre los trágicos hechos en que perdieron la vida los menores y que la versión de la madre se integró a la carpeta de investigación junto con las pruebas recopiladas en el lugar de los hechos.
Carlos Zamarripa Aguirre coincidió con la versión del abogado defensor que retomó el caso luego de que el defensor de oficio fue relevado del caso, respecto a que al estar inmerso en la balacera, el presunto responsable pudo tomar decisiones bajo un terrible miedo.
Acusó que el caso se ha politizado por un partido y que hay varias declaraciones de actores que solamente especulan porque no tienen ningún fundamento legal dentro de la carpeta de investigación, a partir de la versión que ofreció la madre de los menores de que no fue su esposo quien asesinó a los menores.
Afirmó en la entrevista que la versión de la madre corrobora que el padre usaba el arma calibre .22 y que si hubo un enfrentamiento de varios minutos aunque acepta que contrasta la versión sobre quién le quitó la vida a sus hijos. Puntualiza que fue la madre quien narró que fue su esposo quien mató a los menores a sabiendas de que había un grupo armado dentro del inmueble y que habría externado que prefería hacerlo él a que lo hicieran los criminales.
Aquí, el procurador considera que de acuerdo con la información que tienen disponible, el papá no formaba parte del grupo armado, y que únicamente estaba contratado por el dueño del predio para su cuidado, y que por cierto, está bajo investigación la razón por la cual permitió que ahí estuvieran.
Finalmente, Zamarripa Aguirre declara a la periodista Carmen Aristegui que la dependencia estatal tiene apertura para que las instancias que lo consideren necesario, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigue el caso; que no ha habido opacidad en el manejo de la información y si muchas especulaciones de actores políticos que no aportan elementos que sustenten que fueron los policías quienes asesinaron a los menores, como es la versión mediática que ha ofrecido la madre de ellos y esposa de quien hoy está en prisión preventiva en lo que concluye la investigación.
PERITOS
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, confirmó la versión del procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, sobre la participación del organismo en la investigación por la muerte de tres menores de edad en San Miguel de Allende.
Durante su presentación del Informe Anual de Actividades 2o16, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Ombudsman nacional dijo que está al tanto de lo que ha pasado en este lamentable hecho, y que ha mantenido un contacto permanente con el procurador Montero de Alba para recabar las declaraciones de los policías y los familiares de los tres menores.
A pregunta expresa de una legisladora federal, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó que en esta investigación se actuará con objetividad e imparcialidad para esclarecer los hechos.
Ayer en la mañana, el procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dijo a los medios de comunicación, tras asistir a la reunión mensual de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, que la Comisión Nacional había enviado a peritos especializados para respaldar las investigaciones sobre el caso.
El martes se informó, por ejemplo, que ya se había tomado la declaración de los 14 policías estatales y ministeriales que habían estado involucrados en los hechos, además de que se había solicitado ampliar las declaraciones a los policías municipales.
El organismo nacional de Defensa de los Derechos Humanos ha respaldado desde el inició de la investigación a la Procuraduría estatal, derivado de una estrecha colaboración institucional para desahogar las pruebas periciales necesarias dentro de la carpeta de investigación para determinar si existió o no un uso excesivo de la fuerza en este caso.
Hay que resaltar que algunos partidos políticos han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para respaldar las investigaciones que ayuden a determinar si hubo o no una violación a los derechos humanos de la familia que perdió a sus hijos, ante los señalamientos de las autoridades ministeriales que fue el padre el presunto responsable del triple homicidio y la versión que ofreció la madre de que fueron los policías que intervinieron en el operativo.
Senadores y diputados federales del PRI, diputados locales del PVEM, diputados federales de Morena, han solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención en el caso ante la desconfianza que tienen hacia las autoridades estatales que han re-victimizado a los padres de los menores y ante las omisiones en la atención a la versión a la madre sobre la forma como sucedieron los hechos.
ELECCIÓN
La Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC) del estado de Guanajuato celebrará su asamblea anual ordinaria para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2017-2018 y los constructores tendrán que elegir entre dos opciones: Guillermo Ramos Mena, actual presidente, y Sara Elena Narváez Martínez, actual secretaria del Comité Directivo.
El próximo lunes será la asamblea para elegir alguna de las dos planillas, en caso de optar por Ramos Mena solamente estaría un año al frente del organismo y si deciden que sea Narváez Martínez, sería por un periodo de dos años, según marcan los estatutos de la CMIC en Guanajuato.
El actual presidente del organismo ha logrado avanzar en las negociaciones con las autoridades estatales y municipales para agilizar la aplicación de los recursos destinados para obra pública a través de un marco legal más claro y transparente que permita privilegiar a los constructores locales, así como eliminar el favoritismo en la asignación de contratos junto con los “moches” o “diezmo” que piden los responsables de las obras. Fue impulsor de las modificaciones a la Ley de Obra Pública del Estado entre otros proyectos.
Narváez Martínez, forma parte del consejo directivo de la CMIC y tiene maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, área donde ha realizado varios proyectos en el país, incluyendo León; fue jefa de Patrimonio Histórico del municipio de León entre 2008 y 2009; ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y la EPCA; es coordinadora de la región centro-occidente dentro de la Comisión Ejecutiva de Mujeres Empresarias de la cámara y es fundadora de la empresa Restauras desde el año 2009.
Este jueves, presentará su planilla y propuesta de trabajo a los medios de comunicación, ya que trae muchas ganas de representar al gremio de los constructores guanajuatenses.
