Este viernes a las 8:00 de la mañana están convocados por integrantes de la Comisión Especial para reponer el fallo de la licitación de la basura en León para afinar los últimos detalles del predictamen que será puesto a consideración minutos más tarde al Ayuntamiento en una sesión extraordinaria.
Este jueves, el presidente de la Comisión Especial, Federico Zermeño Padilla, argumentó que la resolución está blindada contra una nueva disputa legal con las empresas que se vayan a inconformar con la decisión final que adopte el pleno del Ayuntamiento.
El trabajo técnico de la Comisión es amplio y contempla el análisis que ordenó el Tribunal Administrativo de lo Contencioso, en especial énfasis en fundamentar y motivar la respuesta a JS Hermanos y Víctor Carrillo Zacarías, quienes promovieron el juicio de nulidad ante ese órgano administrativo por la decisión de la pasada administración de entregar la concesión a Red Recolector y Gisa para la recolección de la basura. Sin dejar de lado que también se ajustaron al criterio del artículo 134 constitucional que establece algunos criterios para el uso eficiente de los recursos públicos.
Pero ayer, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, quien es integrante de la Comisión también ofreció su versión a los medios de comunicación y adelantó que posiblemente la decisión que se proponga al Ayuntamiento tendrá consecuencias legales y económicas para la administración municipal.
Dejó entrever que Red Recolector ya no sería nuevamente favorecida con la concesión y que posiblemente la empresa recurra a los tribunales a interponer una demanda millonaria contra el municipio.
El predictamen señala a otra empresa distinta como la que se haría cargo de la recolección de la basura, se mantendría el servicio por parte de Gisa, y esto es seguro que no va a quedar ahí como ya lo advirtió el departamento jurídico de Red Recolector. Tampoco se llevarían la concesión JS Hermanos ni Víctor Carrillo Zacarías porque el análisis apunta a que no cumplen con los criterios técnicos ni financieros que se marcaron en las bases de licitación.
Ayer por la tarde, los representantes legales de la empresa interpusieron otro recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde piden revocar la decisión del Magistrado encargado de revisar y ordenar la reposición del fallo. Se argumenta que indujo de cierta manera la resolución, al sugerir en una declaración pública que el municipio tenía que tomar en cuenta todas las posturas originales de la licitación y no únicamente a JS Hermanos como siempre argumentó, bajo el principio de relatividad, Red Recolector.
La puerta de salida al Municipio la otorgó el propio Tribunal cuando amparado bajo el artículo 134 de la Constitución declaró nula la concesión anterior de Red Recolector y Gisa y mantuvo nuevos criterios para la selección de los nuevos concesionarios del servicio.
De acuerdo con algunas fuentes del Ayuntamiento la principal razón para quitar la concesión a Red Recolector es el costo que representaría pagar 20 años el servicio de recolección de basura.
Hoy posiblemente se vea el desenlace de un capítulo de la novela en que se ha convertido la recolección de basura pero seguramente se abrirá otro frente legal y ahí nadie tiene la verdad absoluta, todo quedará nuevamente al criterio de la autoridad judicial que revise el caso.
IRREMEDIABLE
Dos días después de las declaraciones del gobernador del estado, Miguel Márquez, en donde señalaba que la mayoría de los homicidios dolosos en Guanajuato tenían un origen en delitos del fuero federal, el jefe de los delegados del gobierno federal, Javier Aguirre, y el jefe del PRI estatal, Santiago García López, salieron a dar su posicionamiento en contra de las autoridades locales.
No se sabe si lo hicieron porque ayer vino a Guanajuato, de paso, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; porque no quieren que le echen la culpa al PRI-Gobierno de la desastrosa situación de inseguridad que se vive en el país, y en particular en Guanajuato o porque de verdad estén preocupados por contribuir a resolver los problemas que viven a diario los guanajuatenses en medio de la violencia y delincuencia.
El primero en salir a ofrecer sus argumentos de defensa al Gobierno federal, fue el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre, quien primero endilgó la responsabilidad de la seguridad en Guanajuato a quien encabeza el Grupo de Coordinación de Seguridad en el estado y luego lamentó que el titular del Poder Ejecutivo deslinde a su administración de atender un asunto que por ley le corresponde enfrentar.
Recordó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado instrucciones para incrementar los operativos y recursos en apoyo al combate de la inseguridad en los estados y que en el caso de Guanajuato, ha habido una colaboración abierta de las dependencias federales como es el caso de la PGR, CISEN, Ejército Nacional, entre otras instituciones en el Grupo de Coordinación de seguridad.
Tan es así que en el caso de los robos al ferrocarril se logró una disminución del 95 por ciento de los ilícitos desde que intervinieron las fuerzas federales, argumento Javier Aguirre, quien de paso dijo que tienen la tarea de dar solución a los delitos ya sean de orden federal o del fuero común.
Luego vino, el dirigente estatal del PRI quien pidió al gobierno estatal asumir categóricamente el reto que implica el tema de la seguridad, mismo que experimentan cotidianamente los ciudadanos y que implica asumir las decisiones que conlleve el tema en cuestión.
El llamado de Santiago García López fue a que se modifique la estrategia de seguridad y que se refuerce la coordinación entre los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, para abatir los índices delictivos que hasta la fecha se han mantenido elevados en la entidad.
De manera simultánea, el gobernador Miguel Márquez recibía al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, donde intercambió saludos antes de que saliera a la inauguración de un nuevo parque industrial en Lagos de Moreno, junto con otros funcionarios federales.
Para rematar la tensión política que generó el tema de seguridad, el Gobierno del Estado difundió una fotografía y un comunicado de prensa, en donde el gobernador Miguel Márquez está con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y se anuncia que se va a reforzar la Brigada Militar en Irapuato así como una próxima visita a verificar los avances del proyecto.
Ojalá regrese la cordura a los políticos de los distintos partidos y se pongan a trabajar en encontrar soluciones porque echarse la culpa unos y otros no lleva a nada, mucho menos a restituir la seguridad que reclaman los ciudadanos.
FALSOS
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llegó ayer al Aeropuerto Internacional del Bajío, donde lo recibió unos minutos el gobernador Miguel Márquez antes de salir a la inauguración del parque industrial en Lagos de Moreno, desarrollado por el Grupo Lintel, quien ha venido a consolidar el desarrollo del clúster automotriz del bajío.
En este importante evento en Lagos y frente al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval; el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villareal y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, entre otros funcionarios municipales y estatales jaliscienses, Peña Nieto rechazó los señalamientos hechos a su administración de estar involucrado en espiar la vida privada de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
Rechazó categóricamente que su gobierno realice cualquier tipo de intervención en la vida privada de los ciudadanos y ratificó que su administración respeta y tolera a las voces críticas.
Además hizo referencia en su discurso de que había instruido a la Procuraduría General de la República para que investigue a partir de las denuncias que se han presentado por activistas, defensores de derechos humanos y periodistas para deslindar responsabilidades respecto a ese tipo de hechos ilícitos.
Incluso mencionó que se tiene que determinar si tienen sustento las afirmaciones que se han hecho contra su gobierno así como el origen y fuente de estos señalamientos; es decir, abrir una investigación para llegar a la verdad.
Aceptó a diferencia del primer deslinde de los integrantes de su gabinete responsable de la seguridad que el Gobierno tiene equipo y tecnología (en manos de las dependencias con esta responsabilidad) que ha sido adquirido para combatir al crimen organizado y mantener la seguridad interna del país. Este es un primer avance porque en principio se dejaron lagunas con la afirmación de que es acusación carecía de pruebas.
Luego se refirió a que ninguna de las personas que hoy se sienten agraviadas de ser víctimas del espionaje pueden demostrar o evidenciar que, su vida se haya visto afectada producto de estas supuestas intervenciones.
Vino entonces la confesión de que los mexicanos somos una sociedad que las más de las veces se siente espiada, él mismo como Presidente de la República, ha recibido mensajes de origen desconocido pero procura ser cuidadoso de hasta lo que habla por teléfono.
Y es que advirtió que no faltará quien alguna vez lo exhiba en una conversación como ya le ha ocurrido antes pero de eso a decir que es el Gobierno quien se dedica a espiar, nada qué ver.
Finalmente, afirmó que el uso de la inteligencia que hace el Gobierno es para mantener condiciones de seguridad de los ciudadanos, y pidió al Procurador General de la República que deslinde responsabilidades de las acusaciones que se hicieron el lunes pasado y aplicar la ley a quienes le han levantado los falsos señalamientos a su administración. Pero quién sabe si llegarán a la verdad porque tendrían que investigar con su tecnología para garantizar la seguridad, a quienes falsamente los han acusado, en fin.
